La Guardia Civil ha detenido a tres personas e investiga a otras seis por su presunta implicación en robos de cableado de cobre en la provincia.
Las investigaciones, desarrolladas entre junio y diciembre en el marco del Plan Nacional contra el robo de cobre, han sido llevadas a cabo por el Equipo ROCA de la Compañía de Calpe, una unidad clave en la lucha contra los delitos que afectan a infraestructuras estratégicas. Aunque los hechos se localizaron principalmente en la Marina Alta, la respuesta coordinada desde la Marina Baixa ha sido decisiva para esclarecer los robos y poner a los responsables a disposición judicial.
La operación Cobrilo se inició en la localidad de Adsubia, donde una inspección ocular permitió localizar daños en vallados de parcelas privadas y un acopio de unos 400 kilogramos de cableado de cobre, ya cortado y preparado para su traslado. Las vigilancias posteriores facilitaron la identificación de los presuntos autores y de los vehículos utilizados, entre ellos una furgoneta de alquiler y un turismo que actuaba como vehículo lanzadera para evitar controles policiales.
Las investigaciones confirmaron que los implicados se desplazaban desde la provincia de Valencia y que habrían sustraído cerca de 1.000 metros de tendido telefónico aéreo, causando importantes daños materiales. Como resultado del operativo, en el mes de diciembre fueron detenidos tres varones de entre 25 y 38 años en las localidades de Sueca y Valencia, todos ellos con antecedentes por hechos similares. Tras pasar a disposición judicial, quedaron en libertad con la imposición de medidas cautelares.
De forma paralela, la operación Phone25 tuvo su origen en una inspección administrativa en un centro de recuperación de metales de Dénia, donde se intervinieron 2.500 kilogramos de cableado de cobre de telefonía. Las pesquisas permitieron determinar que el material procedía de sustracciones cometidas en Benissa y Alfaz del Pi y que los responsables pertenecían a una empresa de instalaciones de telecomunicaciones, cuyos trabajadores aprovechaban las labores de instalación de fibra óptica para retirar de forma ilícita las antiguas líneas telefónicas.
Como resultado de esta segunda investigación, la Guardia Civil ha investigado a cinco trabajadores como presuntos autores de las sustracciones, así como al gerente del centro de reciclaje, al que se le imputan delitos de receptación y falsedad documental por falsear los datos de los vendedores para evitar sospechas durante posibles inspecciones.
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