El Tribunal Constitucional tumba una de las últimas de las vías judiciales del Ayuntamiento de Benidorm para frenar el pago de más de 350 millones de euros por los terrenos del sector APR-7 de Serra Gelada a las mercantiles Murcia Puchades Expansión SL y Urbana Villajoyosa 2000 SL. Un varapalo para el Consistorio ante el que desde el Partido Socialista piden la dimisión del alcalde y alertan de una subida de impuestos. Ante ello, el primer edil explora aún la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia y, preguntado en ‘Mediodía Radio Sirena’, José Ramón González de Zárate, concejal de los populares y Segundo Teniente de Alcalde, ha asegurado que para la administración local «la prioridad es no subir ningún impuesto».

El pasado lunes, 12 de enero, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, comunicaba ante los medios de comunicación las últimas novedades sobre esta cuestión judicial y trasladaba el trabajo constante de los servicios jurídicos del Consistorio ante el fallo emitido por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de la Comunitat Valenciana, que revocaba decisión previa del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Alicante, que en su momento había favorecido al Ayuntamiento.

En este marco, Toni Pérez trasladaba la importancia de actuar con «prudencia y sensatez» ante este tipo de resoluciones, recordando la existencia de procedimientos abiertos relacionados con el caso, entre ellos, el recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, horas más tarde, los planes para el Ayuntamiento de Benidorm se desvanecen. El Tribunal Constitucional pone punto y final a la estrategia de la administración local al inadmitir el recurso de amparo presentado por el consistorio al considerar que no reúne la «especial transcendencia constitucional» que exige la ley para su estudio.

El Partido Socialista pide la dimisión de Toni Pérez

En este marco, el Partido Socialista (PSOE), ha exigido la dimisión del alcalde para que asuma las responsabilidades políticas por la situación de «quiebra técnica» a la que ha llevado al Ayuntamiento por sus «erráticas y caprichosas decisiones».

La portavoz, Cristina Escoda, ha tirado de hemeroteca para recordar el origen de esta cuestión en 2003, «cuando el hoy alcalde votó a favor de firmar los convenios urbanísticos que originaron unos derechos a los propietarios que ahora nos toca pagar en forma de sentencia millonaria». Todo ello, añade, «mientras el PSOE se mantuvo en contra de aprobar estos acuerdos por su peligrosidad para el interés general, el señor Pérez fue uno de sus valedores».

«Toni Pérez votó a favor de este convenio en 2003 estando en el gobierno, y volvió a votar a favor de renovar los convenios en 2010 ya con un alcalde socialista en la ciudad. Posponiendo así el pago de la compensación a los propietarios de los terrenos. Fue en 2013 cuando el grupo popular y su portavoz cambiaron de postura rechazando renovar por segunda vez los convenios. Un posicionamiento que reafirmó al llegar a la Alcaldía en 2015, cuando no solo se negó a novar los convenios sino que decidió anularlos», ha explicado.

Asimismo, los socialistas advierten que según sus cálculos, la sentencia de Serra Gelada supone una carga de aproximadamente de 5.000 euros por habitante de Benidorm, a lo que se suman los intereses de demora: «47.500 euros diarios hasta que no se haga efectiva la compensación en su totalidad».

Para el PSOE existen dos vías: reconducir las relaciones con la familia Puchades o en iniciar los contactos con el Ministerio de Hacienda por si es necesario acudir al Fondo de Ordenación.

Toni Pérez explora otra de las vías que aún le quedan al Ayuntamiento: el recurso al TSJ

En el día de ayer, Toni Pérez, atendía a los medios de comunicación como presidente de la Diputación de Alicante y avanzaba las acciones que se llevarán a cabo en FITUR 2026. Tras ello, respondía a las preguntas de los periodistas respecto a la última actualización de Serra Gelada, trasladando que el Ayuntamiento «ha sumado en los últimos días dos reveses importantes».

En este sentido, el primer edil ha indicado que desde el Ayuntamiento «estamos esperando que los técnicos informen del alcance y de las consecuencias de esta sentencia» para «explorar el camino» y, con ello, «actuar en consecuencia».

Por otro lado, el alcalde ha explicado la otra vía que aún le queda al Consistorio, el recurso de casación ante el TSJ. «Los técnicos jurídicos y económicos tienen que analizar la sentencia en la que se destaca que no es firme y cabe recurso ante el Tribunal Supremo en un plazo de 30 días hábiles».

Finalmente, Toni Pérez ha asegurado que, «en manos del actual gobierno local vamos a hacer todo lo que podamos y esté en nuestra mano por atender ese compromiso y resolverlo de la mejor manera para las partes en la medida de lo posible. Estoy convencido que así lo haremos. Sin tocar los tipos impositivos y sin limitar los servicios municipales».

«En el año 2010 y 2013, el gobierno socialista firmó esta renovación de contrato»

En respuesta, José Ramón González de Zárate, concejal del Partido Popular y Segundo Teniente de Alcalde, ha rebatido las acusaciones de la oposición en ‘Mediodía Radio Sirena’ —y también ha tirado de hemeroteca— para explicar que el Partido Socialista también decidió renovar esos convenios: «En el año 2010 y 2013, el gobierno socialista firmó esta renovación de contrato».

«Yo era concejal de urbanismo desde el año 2006 hasta 2009. Justamente ahí no se firmó ese contrato porque considerábamos que estaba mal hecho. Después hubo dos firmas, en el año 2009, 2010 y 2013. Y Toni Pérez, a partir del 2015, tampoco lo firmó», ha explicado González de Zárate.

«Nuestra prioridad es no subir impuestos»

Ante la alerta de los socialistas del coste que esta sentencia judicial pudiera tener para los benidormenses, González de Zárate ha sido contundente: «Que no se preocupe ningún ciudadano, que estamos trabajando con nuestra prioridad absoluta, en no subir ningún impuesto. Lo digo así de claro, y lo vuelvo a repetir, no subir ningún impuesto, y en segundo lugar, mantener los servicios de este ayuntamiento».

Asimismo, el concejal popular ha trasladado que las decisiones que está tomando el Ayuntamiento de Benidorm se respaldan en el criterio de los técnicos: «Vamos de la mano de todo lo que nos dicen los técnicos y los jurídicos, tanto internos como externos. Es difícil, y se lo digo al Partido Socialista, cuando los técnicos y los jurídicos, que llevan este proceso, te dicen cómo tienes que actuar por el interés general. Si no lo hace el alcalde, el Partido Socialista lo hubiera denunciado por prevaricación».

Finalmente, José Ramón González de Zárate ha trasladado la viabilidad para hacer frente a esta condena: «Este equipo de gobierno y Toni Pérez, está preparado para salir de este atolladero».

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