El Tribunal Constitucional ha puesto punto final a la estrategia judicial del Ayuntamiento de Benidorm para frenar el pago de una indemnización millonaria por los terrenos del APR-7 de Serra Gelada.
El alto tribunal ha inadmitido el recurso de amparo presentado por el consistorio al considerar que no reúne la “especial trascendencia constitucional” que exige la ley para su estudio.
La decisión, recogida en una providencia fechada el 8 de enero de 2026 y conocida este martes, deja al Ayuntamiento ante una sentencia firme que le obliga a abonar más de 350 millones de euros a las mercantiles Murcia Puchades Expansión SL y Urbana Villajoyosa 2000 SL. Se trata de una condena sin precedentes tanto por su cuantía como por el impacto que tendrá en las arcas municipales, ya que supera ampliamente el doble del presupuesto anual de la ciudad.
Por ahora, desde el gobierno local se impone la prudencia y se remite cualquier valoración a lo que determinen los servicios jurídicos municipales. Los propietarios de los terrenos afectados también han optado por no hacer declaraciones. En cambio, el fallo ha avivado la confrontación política: la portavoz socialista Cristina Escoda ha reclamado responsabilidades y ha pedido la dimisión del alcalde, Toni Pérez, tras una resolución que considera anunciada y muy preocupante para el futuro económico de Benidorm.
Origen del conflicto judicial
El origen del conflicto se remonta más de dos décadas atrás. En 2003, el Ayuntamiento firmó un convenio con los propietarios del sector APR-7 para trasladar el aprovechamiento urbanístico de esos suelos a otros ámbitos del municipio. Dos años después, la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Serra Gelada declaró la zona Parque Natural, anulando su edificabilidad, aunque los acuerdos urbanísticos siguieron vigentes y fueron prorrogados en años posteriores.
Ante la falta de cumplimiento de los convenios, los propietarios reclamaron una compensación económica que acabó en los tribunales. Tras un primer fallo favorable al consistorio, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana dio la razón a los demandantes y fijó la indemnización en más de 280 millones de euros más intereses. El Tribunal Supremo rechazó el recurso municipal en 2024 y ahora el Constitucional ha cerrado definitivamente la vía del amparo.
Pese a este revés, el Ayuntamiento mantiene abiertos otros procedimientos judiciales con los que intenta anular la validez de los convenios y la responsabilidad patrimonial derivada. De hecho, en una resolución reciente, el propio TSJ ha vuelto a pronunciarse en contra del consistorio al considerar válidos y eficaces los acuerdos urbanísticos de Serra Gelada, un fallo que aún puede ser recurrido. Mientras tanto, Benidorm afronta una de las mayores amenazas financieras.
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