Nuevo desencuentro político entre el Partido Popular y el Partido Socialista en Benidorm, que ha acusado al PP de llevar casi una década sin actualizar la normativa medioambiental.
Cabe destacar que la revisión fue aprobada por unanimidad en el pleno de octubre de 2015. Así lo ha denunciado la concejala socialista Laura Rubio, quien fiscaliza el área de Medio Ambiente.
Rubio ha recordado que la revisión de esta normativa se planteó con el objetivo de proteger, conservar y restaurar el arbolado del término municipal. Sin embargo, «no se sabe nada» de este proceso desde hace casi ocho años. «En junio de 2017 se solicitaron informes técnicos para integrar el Plan de Acción de Energía Sostenible y el Plan de Movilidad Urbana Sostenible en la ordenanza, pero desde entonces no se ha avanzado nada», ha declarado.
La edil también ha criticado que el Consejo Municipal de Medio Ambiente no se ha convocado desde 2017, por lo que ha solicitado su reactivación. Rubio ha calificado de «dejadez extrema» la actitud del gobierno local que lidera Toni Pérez, denunciando que la normativa vigente todavía estipula las sanciones en pesetas. En concreto, establece multas de 25.000 pesetas para infracciones leves; de 25.001 a 75.000 para las graves; y de hasta 150.000 pesetas para las muy graves. La ordenanza fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el 24 de abril de 2002.
Rubio ha exigido al alcalde «que se deje de viajes y fotos» y se centre en cumplir los acuerdos plenarios. «Mientras el señor Pérez vende una ciudad moderna, inteligente y verde, mantiene en vigor una normativa caduca y desfasada», ha sentenciado.
El PP responde «La ordenanza debe adaptarse a una normativa estatal que está bajo el mandato del PSOE»
Por su parte, la concejala de Medio Ambiente y portavoz adjunta del gobierno local, Mónica Gómez, ha acusado al PSOE de «querer enredar y de faltar a la verdad. Gómez ha asegurado que la ordenanza «está prácticamente redactada» y que su aprobación está supeditada al nuevo pliego del contrato de recogida de residuos sólidos urbanos.
«La mayoría de departamentos municipales han participado en la redacción del texto», ha explicado, si bien ha reconocido que no puede aprobarse hasta resolver varios aspectos técnicos vinculados al reciclaje y a la adaptación a la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, del Gobierno de España.
«La ordenanza debe adaptarse a una normativa estatal que está bajo el mandato del PSOE, y mientras no esté claro cómo implementar algunos aspectos, no podemos dar el paso definitivo», ha concluido la edil popular.
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