El Ayuntamiento de Polop de la Marina ha dado un paso adelante para ordenar la vivienda turística en el municipio con la aprobación inicial de su nueva ordenanza, situándose entre los pocos municipios de la Marina Baixa que cuentan con una normativa específica en esta materia.

La iniciativa busca compatibilizar el crecimiento turístico con la protección del carácter residencial, el patrimonio histórico y la calidad de vida de los vecinos.

La ordenanza fue respaldada en pleno por el equipo de gobierno del Partido Popular y la concejal Ángela Fuster, mientras que el PSOE optó por abstenerse. Según el alcalde, José Luis Susmozas, «no se trata de prohibir por prohibir, sino de establecer normas claras y justas que permitan que el turismo conviva con la vida residencial y que los problemas se eviten antes de que surjan».

Entre las medidas principales, la normativa prohíbe el uso turístico en el casco antiguo, en el entorno del Bien de Interés Cultural (BIC) y en el centro histórico, con el objetivo de salvaguardar el patrimonio y el uso residencial.

En las zonas de ensanche urbano, donde predominan las medianeras, la regulación establece un régimen muy restrictivo, mientras que en las urbanizaciones exteriores, el uso turístico será permitido de forma limitada, con un máximo del 15% de las viviendas por área y siempre con la aprobación de la comunidad de propietarios.

La concejala de Urbanismo, Rosana Berenguer, ha destacado que la ordenanza es fruto de un año de trabajo respaldado por un estudio técnico de la Universidad de Alicante, que ha permitido identificar las zonas que requieren una mayor protección y definir criterios claros para un turismo ordenado y sostenible.

Condiciones de la normativa

Además, la normativa establece condiciones diferenciadas según el tipo de suelo: en los suelos urbanizables o no urbanizables comunes, el uso turístico será excepcional y condicionado, mientras que en los suelos no urbanizables protegidos se prohibirá de manera expresa para preservar su valor ambiental.

Tras esta aprobación inicial, la ordenanza entrará en un periodo de información pública de 30 días, durante el cual vecinos y propietarios podrán presentar alegaciones. También se contempla una disposición transitoria de seis meses para que las viviendas turísticas ya registradas se adapten a las nuevas exigencias.

Desde el Ayuntamiento, subrayan que esta regulación representa un avance en la planificación urbana, refuerza la protección del uso residencial y del patrimonio histórico, y consolida un modelo de desarrollo equilibrado, sostenible y orientado al bienestar de los vecinos.

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