El Ayuntamiento de Altea ha logrado un importante respaldo judicial en el conflicto por el abastecimiento de agua en las urbanizaciones de Altea Hills y la Sierra de Altea.
La Sentencia 314/2026 confirma la legalidad de las obras de emergencia impulsadas por el Consistorio en septiembre de 2024 para evitar un posible desabastecimiento y desestima íntegramente el recurso presentado por la antigua empresa gestora, APOBERSA.
El fallo avala los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local y el Pleno municipal para ejecutar, por la vía de emergencia, cinco actuaciones estratégicas en La Mallà-Altea Hills, Mascarat, Sierra Altea II, Urlisa III y Finca Alhama, con una inversión cercana a los 3,74 millones de euros.
La resolución considera acreditado que existía una situación excepcional provocada por la combinación de la sequía, el incremento imprevisto del consumo y el descenso del nivel del Pozo Bunnik, circunstancias que generaban un riesgo real de interrupción del suministro de agua potable. En este contexto, el tribunal concluye que la tramitación de emergencia era el único procedimiento capaz de garantizar una respuesta inmediata para proteger un servicio público esencial.
Asimismo, la sentencia rechaza todos los argumentos planteados por APOBERSA y concluye que la declaración de emergencia estuvo suficientemente motivada. También avala que las actuaciones ejecutadas fueron las estrictamente necesarias y que la adjudicación de los trabajos a la UTE Aigües d’Altea fue la opción adecuada, al tratarse de la concesionaria del servicio y disponer de los medios técnicos y humanos necesarios para actuar con rapidez.
El tribunal descarta igualmente que existiera desviación de poder por parte del Ayuntamiento y sostiene que la única finalidad de las actuaciones fue garantizar el abastecimiento de agua a la población.
Tras conocerse la resolución, el alcalde de Altea, Diego Zaragozí, ha destacado que la sentencia «confirma que el Ayuntamiento actuó como debía hacerlo: con responsabilidad, con el respaldo de los informes técnicos y jurídicos y pensando únicamente en proteger un servicio esencial». El primer edil ha subrayado además que el fallo judicial avala unas decisiones que, según ha señalado, fueron «plenamente legales, proporcionadas y necesarias» ante el riesgo de que miles de vecinos pudieran quedarse sin suministro.
El alcalde también ha valorado la desestimación íntegra del recurso presentado por APOBERSA y la condena en costas a la antigua gestora, considerando que la resolución ratifica la actuación municipal en una de las situaciones más complejas vividas por el municipio en materia de abastecimiento de agua.
Con este pronunciamiento judicial, el Ayuntamiento entiende plenamente respaldadas las medidas adoptadas para garantizar un servicio esencial y reafirma su compromiso de seguir trabajando para asegurar un suministro de agua seguro y eficiente.
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