La Generalitat ultima las actuaciones necesarias para poner a disposición de la ciudadanía un edificio de nueve viviendas públicas en el Paseo de la Castellana de Benidorm, que se ofrecerán en régimen de alquiler asequible, con preferencia para jóvenes menores de 35 años y familias monoparentales o monomarentales.
El secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, ha visitado este lunes el inmueble junto al alcalde de Benidorm, Toni Pérez, y la edil de Vivienda, Lourdes Caselles, para comprobar el estado de los trabajos que permitirán poner en servicio las viviendas.
Fernández ha destacado que la colaboración entre la Generalitat y el Ayuntamiento ha permitido desbloquear una situación que se prolongaba desde hace años. «Esta colaboración está permitiendo avanzar para que estas nueve viviendas se conviertan, en un futuro próximo, en el hogar de nueve familias», ha señalado.
El edificio fue construido en 2018 y adquirido por la Generalitat en 2022, aunque no contaba con licencia de primera ocupación y presentaba diferentes deficiencias constructivas y urbanísticas que impedían su puesta en funcionamiento. Además, desde su adquisición se habían registrado varios episodios de ocupación irregular.
Durante 2024 se analizaron estas deficiencias y se coordinaron con los técnicos municipales las actuaciones necesarias para resolverlas, especialmente las relacionadas con la accesibilidad desde la vía pública. Una vez que el inmueble quedó completamente desocupado, pudieron ejecutarse los trabajos.
Más de 60.000 euros de inversión
La Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) ha ejecutado distintas actuaciones en las zonas comunes y las instalaciones generales del edificio, con un presupuesto de 36.319 euros.
Los trabajos han incluido mejoras en los accesos para garantizar la movilidad de personas con movilidad reducida, colocación de barandillas y pasamanos, sustitución de la puerta de entrada y buzones, reparación de humedades y pintura en zonas comunes, además de actuaciones relacionadas con la seguridad contra incendios. También se han realizado trabajos en las instalaciones generales, como la acometida de agua y la conexión a la red de saneamiento, así como diferentes actuaciones en el ascensor.
A estas obras se suma la actuación realizada en la urbanización exterior para garantizar la accesibilidad al inmueble. La modificación de la acera ha permitido eliminar el peldaño existente en el acceso principal desde la vía pública. Estos trabajos han supuesto 24.571 euros y ya han finalizado. El pasado 5 de agosto se remitió al Ayuntamiento el informe de finalización de las obras, a la espera de su recepción municipal. En total, la inversión destinada a las actuaciones en el edificio y a la mejora de la accesibilidad exterior asciende a 60.890 euros.
Por su parte, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha destacado «la sensibilidad y el compromiso» de la Generalitat con las necesidades de vivienda pública de la ciudad, tanto mediante la adecuación de inmuebles existentes como a través de nuevas promociones. En este sentido, ha recordado la promoción de 117 viviendas de alquiler que se está construyendo en la zona de Poniente, que reservará una parte importante de sus inmuebles para jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad.
Preferencia para jóvenes y familias monoparentales
Una vez finalicen las actuaciones pendientes y los técnicos municipales den el visto bueno, se completará la documentación necesaria para obtener la licencia de primera ocupación y comenzar el proceso de adjudicación. Las nueve viviendas, todas ellas de un dormitorio, estarán destinadas preferentemente a jóvenes menores de 35 años y familias monoparentales o monomarentales, colectivos que, según la Generalitat, se ajustan a las características de estos inmuebles.
Las personas interesadas deberán estar inscritas en el Registro de Demanda de Vivienda de la Comunitat Valenciana, además de cumplir los requisitos establecidos para acceder a una vivienda pública y contar con ingresos suficientes para asumir el alquiler.
La renta mensual, junto con los gastos de comunidad, no podrá superar el 25 % de los ingresos de la unidad de convivencia, que en el caso de estos colectivos deberán proceder de rentas del trabajo. La adjudicación se realizará mediante el procedimiento establecido en el Decreto 106/2021, que permitirá establecer la preferencia para los colectivos señalados.
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