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    La aprobación del Plan General Estructural de Altea se aplaza por un informe de última hora

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    La esperada aprobación del Plan General Estructural (PGE) de Altea va a tener que esperar. La Comisión Territorial de Urbanismo ha decidido este viernes dejar en suspenso la validación del documento tras la aparición de un informe de última hora que ha obligado a aplazar la decisión, frustrando así las previsiones del equipo de gobierno municipal.

    El alcalde de Altea, Diego Zaragozí, ya había mostrado cautela en los días previos sobre la posibilidad de que el plan urbanístico saliera adelante en esta convocatoria. Finalmente, un nuevo condicionante técnico ha truncado el proceso en el último momento, una circunstancia que desde el Ayuntamiento califican de «inesperada» y generadora de un profundo malestar.

    Según ha informado el Consistorio, la Comisión Territorial tenía previsto aprobar la carta urbanística del municipio, después de que el Ayuntamiento hubiera completado toda la documentación requerida por las distintas administraciones implicadas. De hecho, los últimos requerimientos técnicos fueron elevados al pleno municipal apenas un día antes, tras la reunión de la comisión técnica celebrada el pasado 12.

    Sin embargo, durante la sesión de este viernes se puso sobre la mesa un nuevo documento que introduce una discrepancia relacionada con la delimitación del espacio portuario en la zona de Marimontaña. Desde el Ayuntamiento sostienen que esta cuestión fue utilizada para justificar el aplazamiento del PGE, pese a que, según aseguran, el criterio técnico previo no apuntaba en esa dirección.

    El alcalde ha expresado su incomprensión ante lo sucedido, señalando que «después de un trabajo tan largo, con múltiples aportaciones y correcciones, no es razonable que se introduzca a última hora un elemento que altera el calendario previsto y frena un plan que Altea necesita».

    En la misma línea, el concejal de Urbanismo, José Orozco, ha lamentado que el aplazamiento suponga «una interrupción injustificada del esfuerzo técnico y administrativo desarrollado durante años», y ha advertido de que el retraso afecta a una planificación clave para aportar seguridad jurídica y estabilidad al municipio. Orozco ha añadido que ya existía un informe favorable sobre la delimitación portuaria y que el límite reflejado en el plan responde a las indicaciones trasladadas en su momento por la Generalitat.

    Desde el equipo de gobierno local consideran que la forma y el momento en que ha surgido esta nueva exigencia no se corresponden con el principio de buena fe que, a su juicio, debería regir un procedimiento de esta relevancia.

    La versión de la Generalitat

    Por su parte, la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha defendido la decisión adoptada por la Comisión Territorial, un órgano colegiado en el que están representadas la Generalitat, la Administración del Estado y los colegios profesionales. Según ha explicado en un comunicado, el aplazamiento responde a que el Plan General Estructural invade dominio público portuario autonómico actualmente en régimen de concesión, lo que impide su aprobación definitiva.

    En concreto, la propuesta municipal afectaría a terrenos del Puerto de Galera (Porto Senso) y a otros recintos portuarios, una circunstancia que, según la Conselleria, ya había sido advertida por el propio concesionario. Por este motivo, se ha requerido al Ayuntamiento que modifique el documento para incorporar las observaciones técnicas que no habrían sido atendidas en la versión presentada.

    Desde la Generalitat subrayan que el problema radica en que el PGE no reconoce como dominio público portuario determinados espacios donde existen instalaciones y actividades vinculadas a concesiones portuarias, una cuestión que debe corregirse para evitar posibles riesgos patrimoniales.

    No obstante, desde la Conselleria han recalcado que el aplazamiento no implica el rechazo del plan y que, una vez introducidas las modificaciones necesarias, el documento podrá recibir la aprobación definitiva. Además, la Dirección General de Urbanismo analizará si esta misma situación podría repetirse en otros puertos del término municipal.

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