El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Alicante ha dictado sentencia a favor del Sindicato Empleados de la Administración (EMAD) en su recurso contra el Ayuntamiento de Calpe, exigiendo la implementación de la carrera profesional para los funcionarios municipales.

En su resolución, el juzgado ordena al consistorio calpino iniciar los trámites para establecer un sistema de grados de desarrollo profesional conforme a la Ley 4/2021 de Función Pública Valenciana.

El fallo implica que el Ayuntamiento deberá aprobar las normas reglamentarias necesarias para regular este sistema y garantizar el pago de las cantidades económicas correspondientes a cada grado, más los intereses legales. Esta medida según el medio Calp Digital, representa una victoria significativa para los empleados públicos de Calp, que verán reconocido su esfuerzo y dedicación.

El conflicto comenzó en julio de 2023, cuando EMAD presentó una solicitud formal para la implementación de la carrera profesional. Ante la desestimación de la petición por parte del Ayuntamiento, el sindicato recurrió judicialmente. Ahora, la sentencia obliga al Consistorio a cumplir con la legislación autonómica y poner en marcha este sistema, que beneficiará a los empleados públicos de Calp.

El fallo también condena al Ayuntamiento a cubrir las costas judiciales del procedimiento, que ascienden a 3.000 euros. Esto deja al Ayuntamiento de Calp con dos opciones: negociar un reglamento para regular la carrera profesional y las retribuciones correspondientes, o recurrir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Cabe señalar que la carrera profesional no tendrá carácter retroactivo, por lo que los funcionarios deberán haber sido evaluados anualmente y haber completado formación específica para acceder a los distintos grados.

Desde EMAD, se ha expresado satisfacción por el fallo, que refuerza la profesionalización del empleo público en Calp. La sentencia se apoya en una resolución previa del TSJCV relacionada con la carrera profesional en el Ayuntamiento de Benidorm, impulsada por el Sindicato Profesional de Policías y Bomberos (SPPLB).

Con esta decisión judicial, se sienta un precedente importante para otros municipios de la Comunitat Valenciana que aún no han implementado la carrera profesional, a pesar de la legislación vigente que establece el Real Decreto Legislativo 5/2015.

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