El Ayuntamiento de Benidorm ha ratificado, en el transcurso de la segunda jornada de la Feria Internacional de Turismo, FITUR, su voluntad de adherirse al convenio firmado por la Generalitat Valenciana y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para delegar en los ayuntamientos el ejercicio de la competencia para avanzar en la gestión municipal de las sanciones en materia de viviendas turísticas.
Los primeros municipios en adherirse a este compromiso son Benidorm, Alicante, Elche, Torrevieja, Castellón de la Plana y Valencia, que han reiterado su voluntad de cooperar con el objetivo principal de ofrecer una respuesta ágil y eficaz ante el intrusismo y las prácticas fraudulentas en el sector.
Este convenio tiene por objetivo delegar en los ayuntamiento el ejercicio de la competencia para la incoación, instrucción y resolución de procedimientos sancionadores por la comisión de infracciones leves, graves y muy graves en materia de pisos de uso turístico ubicadas en su ámbito territorial.
De este modo, Benidorm se sitúa entre los primeros cinco municipios de la Comunitat en solicitar la potestad de inspeccionar y sancionar viviendas turísticas, los cuales en breve asumirán dichas competencias con el objetivo de combatir el intrusismo de las viviendas no regladas en el sector alojativo.
En este contexto, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha señalado que el manifiesto subraya el compromiso con una regulación más estricta y efectiva que favorezca un turismo más sostenible y respetuoso con las normativas locales. A través de este acuerdo, los ayuntamientos podrán recaudar las sanciones económicas que impongan, que se considerarán ingresos propios de los municipios.
Colaboración interadministrativa para regular las viviendas turísticas
El convenio marco firmado establece una estructura de cooperación entre la Generalitat y la FVMP, que ofrece a los municipios la opción de adherirse al acuerdo para ejercitar competencias en materia de viviendas de uso turístico. La adhesión tendrán una vigencia inicial de cinco años, con posibilidad de prórroga por otros cinco, pudiendo ser extinguidos por cualquiera de las partes mediante notificación escrita con treinta días de antelación.
Con esta firma, los representantes institucionales muestran su firme compromiso con el fortalecimiento de un turismo regulado y sostenible, reforzando la colaboración interadministrativa y ofreciendo a los ayuntamientos las herramientas necesarias para actuar de forma autónoma y eficaz en el control de las viviendas de uso turístico en sus respectivos territorios.
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