La promotora Residencial Finca Pons S.L. exige al Ayuntamiento de Altea que suspenda la tramitación del Plan General Estructural y denuncia una actuación «manifiestamente irregular» de la administración local en relación con el sector 6 SUNP Marymontaña II, más bien conocido como Porto Senso. Frente a estas acusaciones, el Consistorio sostiene que las pretensiones de la empresa ya se han analizado por la justicia, que ha dado la razón al Consistorio.

La mercantil señala al Ayuntamiento de «una actuación marcada por una prolongada inactividad administrativa, el incumplimiento de los acuerdos plenarios adoptados y la omisión de las actuaciones indispensables para dar cumplimiento efectivo al desarrollo urbanístico del ámbito» y alega que la administración local, lejos de impulsar las determinaciones acordadas, ha mantenido durante años, «una conducta de pasividad materialmente obstructiva, dejando sin ejecutar la nueva programación del sector tras la resolución del anterior programa en 2017 y permitiendo, con ello, el deterioro progresivo de la urbanización y la consolidación de una situación de bloqueo urbanístico incompatible con los principios de eficacia, impulso de oficio, buena administración y seguridad jurídica».

Incumplimientos

La empresa defiende los escritos presentados ante el Consistorio y los Servicios Territoriales de Urbanismo en Alicante que «evidencian que el Ayuntamiento ha incumplido sus propias resoluciones, entre ellas, y deforma especialmente flagrante el acuerdo plenario del 22 de junio de 2017, en el que no solo se resolvió la adjudicación del programa, sino que además se acordó incoar las actuaciones necesarias para una nueva programación de los terrenos».

Pese a ello, explican en el comunicado, «transcurrieron más de ocho años sin una actuación municipal efectiva dirigida a dar cumplimiento real a ese mandato, lo que ha generado una situación de inactividad injustificable y jurídicamente insostenible».

La nota añade que el Ayuntamiento ha mantenido una posición que «desconoce la realidad física y jurídica del sector, persistiendo en una ordenación que no se corresponde con el estado de ejecución del ámbito ni con los derechos ya consolidados por los propietarios que cumplieron las cargas urbanísticas que les fueron exigidas. Esa conducta, lejos de ser neutra, ha contribuido a agravar el deterioro de las obras y a perpetuar una situación de paralización que solo beneficia a la inercia administrativa».

Graves perjuicios

La consecuencia directa de esta inactividad, según alega la mercantil «es la producción de daños ciertos, efectivos y económicamente evaluables a los propietarios afectados. La falta de impulso municipal impide el normal ejercicio de las facultades dominicales, frustra la legítima expectativa de edificación y mantiene a los titulares de suelo en una posición de grave inseguridad jurídica, con perjuicios patrimoniales que se han visto agravados por la degradación del ámbito urbanístico».

«No puede trasladarse a los propietarios el coste de una paralización cuya causa es la propia omisión de la Administración. El Ayuntamiento, que conocía desde hace años la imposibilidad de culminación del programa anterior y la necesidad de articular una respuesta urbanística eficaz, ha incumplido su deber de actuar con diligencia, con el resultado de un bloqueo que compromete directamente los derechos de los afectados», han agregado.

Frente a esta situación, proponen la tramitación de un Programa de Actuación Aislada que constituiría una vía jurídicamente idónea para minimizar los perjuicios y permitir la culminación de las obras pendientes en el ámbito afectado que, según exponen, permitiría avanzar en la finalización de la urbanización de la parcela sin supeditarla a una nueva e incierta programación general del sector, evitando así que la inactividad municipal siga produciendo daños adicionales.

Responsabilidad y Plan General

Asimismo, la mercantil denuncia que a ello se suma que, de confirmarse el uso irregular o la indebida aplicación de los recursos procedentes de la ejecución de garantías urbanísticas, «podrían derivarse responsabilidades por alcance respecto de los intervinientes en la gestión pública que hubieran participado en la disposición de esos fondos o en la omisión de las actuaciones exigibles para su correcta destinación».

Por todo ello, la promotora ha interesado de los Servicios Territoriales de Urbanismo que, en ejercicio de sus competencias de tutela de la legalidad urbanística, acuerden la suspensión y en su caso la denegación de la aprobación definitiva del Plan General Estructural de Altea hasta que el planeamiento se ajuste a la realidad material y jurídica del sector y a los acuerdos que la propia Administración municipal ha adoptado y no ha ejecutado.

«La aprobación del Plan General Estructural en los términos actualmente pretendidos supondría consolidar una situación de hecho generada por la propia inactividad municipal, con grave perjuicio para los propietarios afectados y con el riesgo cierto de consumar una actuación administrativa contraria a Derecho. No es aceptable que la omisión continuada del Ayuntamiento se vea ahora amparada por la aprobación de un instrumento de planeamiento que nace desconectado de la realidad y de las obligaciones previamente asumidas», concluye el comunicado.

Respuesta del Ayuntamiento

Ante estas declaraciones, el Ayuntamiento de Altea ha querido transmitir a la ciudadanía un mensaje «claro, sereno y riguroso» y ha defendido que las pretensiones sostenidas por la mercantil, ya han sido examinadas en sede judicial y no han sido acogidas por los tribunales.

En esta línea, el Consistorio ha trasladado que la Sentencia nº 339/2025, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Alicante, ha desestimado el recurso interpuesto por Residencial Finca Pons, S.L. contra la resolución municipal del pasado 11 de noviembre de 2024, declarando ajustada a Derecho la actuación del Ayuntamiento.

En dicha resolución judicial se concluye expresamente que la mercantil no tiene derecho a edificar mientras no finalice el proceso de urbanización y mientras no exista la programación urbanística exigible para ello. Además, la propia sentencia recuerda que, aunque existan instrumentos de planeamiento, ello no atribuye por sí solo un derecho inmediato a edificar, siendo necesario que la urbanización esté completada. Igualmente, el fallo judicial considera conforme a Derecho la inadmisión de la solicitud de licencia presentada por la mercantil.

Asimismo, la resolución judicial recoge que el anterior programa urbanístico se resolvió por acuerdo plenario de 22 de junio de 2017 y que, a partir de ese momento, resultaba necesaria una nueva programación del sector, hecho que se está llevando a cabo en la actualidad por la Agrupación de Interés Urbanístico del sector, a la cual la mercantil denunciante «no se ha querido adherir».

«Esta corporación es la primera interesada que Altea crezca»

Además, el Ayuntamiento ha trasladado que no es correcto trasladar a la opinión pública que la administración local actúa al margen del Derecho o en contra del desarrollo de este ámbito. «Esta corporación es la primera interesada en que Altea crezca de forma ordenada, segura y generadora de oportunidades. También conviene recordar que el propio comunicado difundido por la mercantil sostiene una interpretación de los hechos y del sector que no coincide con la realidad jurídica declarada judicialmente, llegando incluso a presentar como solución viable una vía que no ha sido aceptada por el Ayuntamiento ni respaldada por la resolución judicial aportada», ha señalado el Ayuntamiento.

«El Ayuntamiento de Altea seguirá trabajando para que los proyectos que puedan aportar valor al municipio salgan adelante, pero lo hará con la responsabilidad que exige la función pública: sometimiento pleno a la ley, respeto a los procedimientos urbanísticos y lealtad a las resoluciones judiciales», ha indicado el Consistorio, a la vez que ha incidido en que «Altea quiere inversión, quiere actividad y quiere futuro. Pero lo quiere con legalidad, con seguridad jurídica y con respeto a las reglas que garantizan un desarrollo urbanístico serio, estable y justo para todos».

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