El Ayuntamiento de Calpe remitió en el día de ayer a Acciona Servicios Urbanos un requerimiento en el que, en base al informe emitido por el responsable municipal del contrato sobre el incumplimiento de los servicios esenciales mínimos durante la huelga convocada indefinidamente por el Comité de Empresa, se les obliga a que adopten, con carácter inmediato, las medidas necesarias para garantizar la efectiva e íntegra ejecución de los servicios esenciales mínimos establecidos para la limpieza viaria, de no ser así la mercantil puede enfrentarse a una multa que alcanza los 50.000 euros.

El informe del técnico municipal establece que la mercantil deberá garantizar especialmente la completa ejecución de las rutas de fracción resto y orgánica programadas, así como la retirada de los residuos existentes en los entornos de los contenedores. Además, se advierte a la mercantil de que debe garantizar la disponibilidad y operatividad de la maquinaria necesaria para los servicios mínimos.

Se advierte en el documento que la mera asistencia del personal o la salida del correspondiente equipo no podrá considerarse por sí sola cumplimiento del servicio mínimo cuando la prestación o ruta quede materialmente sin completar. También se requiere a Acciona para que, en el plazo máximo de 24 horas, presente un informe documentado sobre los servicios mínimos ejecutados desde el inicio de la huelga.

Además, la concesionaria debe regularizar inmediatamente la obligación de información establecida en el Decreto de inicio de la huelga, presentando mediante Registro Electrónico Municipal los informes correspondientes a las jornadas transcurridas que no hayan sido formalmente registrados y, en adelante, un informe diario comprensivo de los servicios previstos y efectivamente prestados, rutas realizadas y grado de ejecución, personal y medios utilizados, cantidades recogidas e incidencias producidas.

Sanciones de hasta 50.000 euros

En el informe se advierte expresamente a Acciona de que los incumplimientos de los servicios mínimos y demás obligaciones contractuales que se acrediten podrán determinar la aplicación de las deducciones económicas correspondientes por servicios no prestados o ejecutados deficientemente y, en su caso, la propuesta de imposición de las penalidades contractuales previstas. Penalidades que pueden llegar a 50.000 euros para las muy graves, 15.000 euros para las graves y 6.000 euros para las leves.

Asimismo, ante la prolongación del conflicto y el aparente bloqueo de las negociaciones, se propone a la mercantil que valore promover la mediación ante el Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL), al encontrarse expresamente legitimada la representación empresarial para promoverla en las huelgas ya convocadas o iniciadas.

Finalmente, se insta a la empresa a continuar intensificando el control e inspección municipal de los servicios, documentando mediante informes de inspección, fotografías y demás medios disponibles las rutas no completadas, los puntos desbordados, los residuos existentes alrededor de los contenedores, las incidencias de maquinaria y cualquier otra circunstancia que permita determinar objetivamente el grado efectivo de cumplimiento de los servicios mínimos.

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