El pleno del Ayuntamiento de Calpe ha dado luz verde a la modificación extraordinaria de crédito por un importe de 1.335.911,03 euros, que se ha aprobado con los votos del tripartito (Somos Calpe, Compromís y PSOE) y la abstención de la oposición. Una acción llevada a cabo, defienden desde el gobierno local, ante la existencia de gastos que no pueden espera al siguiente ejercicio, para los que no existe crédito en el presupuesto vigente, y dado que se dispone de recursos de financiación suficiente.
Esta medida consiste en dar de baja determinadas aplicaciones presupuestarias que no están comprometidas ni previstas de ejecutar este año, con el fin de hacer frente a otros gastos urgentes. Además, se destinarán 755.684,89 euros con cargo al remanente líquido de Tesorería de 2024. De esta forma, se dan de baja partidas que no se van a desarrollar este año, como infraestructuras de saneamiento y pluviales por valor de 569.226,14 euros, fiestas populares con un presupuesto de 1.000 euros, y reparación y mantenimiento de edificios, con 10.000 euros.
Acciones urgentes
En cuanto a las partidas a ejecutar este año, destaca el pago de 380.674,92 euros en intereses de demora relacionados con el pleito de sentencias judiciales entre el Ayuntamiento y la mercantil SIREM (antigua COLSUR), en un cruce de demandas que continúa sin una resolución definitiva. Además, otra inversión destacada a ejecutar en este ejercicio es el gasto de 854.423,04 euros para la adquisición de terrenos urbanos en la partida Maryvilla, a través de la expropiación por justiprecio.
Otras partidas a ejecutar son las obras de canalización y preinstalación de la red wifi pública en el casco antiguo, por 49.813,07 euros; la adquisición de mobiliario y material para el Centre Social d’Atenció Primaria, por importe de 40.000 euros; los Premios de la Gala de l’Esport i la Cultura, por 10.000 euros; y el concurso de Carteles de Moros y Cristianos, por valor de 1.000 euros.
Además, se ha aprobado un reconocimiento de crédito por valor de 4.565,76 euros correspondiente al presupuesto del ejercicio pasado. También se ha aprobado por unanimidad, de forma inicial, la Ordenanza municipal reguladora de las ayudas económicas directas a personas o familias en situación de emergencia social y para la mejora de la autonomía de las personas mayores, basada en la necesidad de establecer unas bases municipales siguiendo los criterios de la Generalitat Valenciana, con el objetivo de agilizar la gestión de dichas ayudas.
«Hay que pagar mientras esperamos que se resuelva la demanda del Ayuntamiento contra Colsur»
Desde la oposición, el portavoz de Defendamos Calpe, Paco Quiles, ha cuestionado la falta de información respecto al pleito de sentencias judiciales entre el Ayuntamiento y SIREM declarando que: «Hay que evaluar quién defendió no pagar esas facturas y por qué, tenemos que pagar casi 400.000 euros de intereses de demora, ¿por qué no se ha intentado pagar antes?». Además, ha señalado: «Vamos a pagar 160 euros por metro cuadrado sin tener un proyecto de qué se va a hacer allí. Al final, los ciudadanos son los que pagan las consecuencias».
Unas palabras a las que se ha sumado el portavoz del Partido Popular, Miguel Crespo, que ha criticado celebrar un pleno «para pagar casi 400.000 euros por intereses de demora y pagar 800.000 euros por un suelo dotacional privado, dos acciones que no van a repercutir en mejoras para los ciudadanos».
Por su parte, desde el gobierno local, el portavoz socialista Guillermo Sendra ha explicado que, respecto a Colsur, «todos saben que hay un procedimiento penal iniciado en 2010, este equipo de gobierno no estaba en ese momento, de aquel entonces a ahora se ha generado un cruce de demandas judiciales, lo lógico es pagar lo que digan los jueces» y ha añadido: «Hay que pagar mientras esperamos que se resuelva la demanda del Ayuntamiento contra Colsur». En la misma línea, el portavoz de Compromís, Ximo Perles, ha defendido que «existe la figura de la compensación de créditos, si se reclaman 12 millones y la empresa nos pide 6 millones».
Finalmente, la alcaldesa, Ana Sala, ha indicado que «se trata de una sentencia que hay que atender, en cuanto a la expropiación rogada en el PGOU del 98 se dibujan cosas que hoy no tienen sentido».
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