Benidorm ha denunciado el nuevo recorte que el Gobierno central tiene previsto ejecutar en el Palacio de Justicia de Benidorm, suprimiendo un juzgado de Instrucción para reconvertirlo en otro de Violencia sobre la Mujer en lugar de crear uno nuevo sin reducir los ya existentes.
Las portavoces del gobierno municipal, Lourdes Caselles y Mónica Gómez, han alertado del «grave perjuicio» que supondría esta reestructuración, prevista para octubre, cuando estas nuevas secciones asuman también los delitos sexuales, lo que incrementará notablemente su carga de trabajo.
Caselles ha defendido que «es necesario reforzar la atención a las víctimas, pero no a costa de eliminar servicios judiciales esenciales», y ha recordado que la Judicatura, la Fiscalía, los Letrados de la Administración de Justicia y otros operadores jurídicos ya han mostrado su oposición frontal a la medida por el riesgo de colapso que implicaría.
Benidorm, con más de 2,8 millones de turistas y más de 15 millones de pernoctaciones en 2024, soporta una gran carga judicial que no se refleja adecuadamente en los informes del Ministerio, según denuncian jueces y letrados. La edil ha subrayado que «en lugar de recortar, el Gobierno debería crear un nuevo Juzgado de Violencia sobre la Mujer y reforzar también los Juzgados de Instrucción».
La moción pide que no se suprima ninguna plaza y se mantenga la estructura actual, recordando que la agrupación de partidos judiciales con Villajoyosa en 2022 ya incrementó notablemente el volumen de trabajo.
Desde el Ayuntamiento confían en que la moción obtenga el respaldo unánime de todos los grupos municipales y se frene lo que consideran «un nuevo golpe a los servicios públicos en Benidorm por parte del Gobierno central».
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