El 3 de abril, será un día que pasará a ser recordado dentro del calendario de Benidorm, después de que el Tribunal Supremo confirmase la condena al Ayuntamiento a pagar más de 300 millones de euros a propietarios de terrenos en el Sector APR-7 del parque natural de Serra Gelada.

Esta sentencia llega por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y obliga al Ayuntamiento de Benidorm a pagar 283 millones de euros más intereses, la cantidad que reclamaba la familia en compensación por no construir en los terrenos de su propiedad en dicho entorno. 

¿Por qué el Ayuntamiento de Benidorm tiene que pagar esta cantidad de dinero?

Para saber el origen de este «terremoto político», hay que recordar que, el conflicto se origina más de dos décadas atrás en la línea del tiempo, cuando unos terrenos de Serra Gelada, propiedad de las mercantiles Murcia Puchades Expansión SL y Urbana Villajoyosa 2000 SL, pasaron de clasificación de suelo urbano a no urbanizable, siendo en 2005 declarado este terreno Parque Natural.

Conociendo esto, el fallo judicial emitido por el Supremo responde al recurso presentado por ambas empresas contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Alicante de 24 de febrero de 2022, que falló a favor del Ayuntamiento al declarar nulos los convenios urbanísticos firmados en los años 2003, 2010 y 2013.

No obstante, a pesar de rechazar los 283 millones de euros que reclamaban las empresas recurrentes en base a esos convenios, la misma sentencia del Juzgado número 3 de Alicante sostenía que estas empresas tenían derecho a percibir poco más de 636.116 euros por los 121.992,50 metros cuadrados que cedieron en 2004 al pueblo de Benidorm

Ahora, el fallo del TSJ corrige la resolución anterior al valorar que el suelo sí que tuvo en algún momento la calificación de suelo urbano. Con ello, efectúa una nueva valoración de su precio y admite el precio fijado por los promotores, que incidían en que ya desde los años 60 el Plan General sí contemplaba ese suelo como urbano.

Cristina Escoda: «Pedimos que dimita ya que si esta es su hoja de ruta, tiene muy poca gracia»

Desde la oposición, el Partido Socialista, ha mostrado su preocupación por esta decisión judicial que, según la portavoz del PSOE, Cristina Escoda, supone «un varapalo para la ciudadanía y para el propio Ayuntamiento».

«Es una decisión triste, porque estos convenios estaban en vigor desde 2003, y al no renovarlos, hemos llegado a esta situación, por eso pedimos que dimita ya que si está es su hoja de ruta, tiene muy poca gracia», ha señalado Escoda, quien además, ha indicado que el alcalde «llega tarde con sus disculpas» y ha catalogado que tanto su equipo como él, «no están a la altura, como bien le gusta decir».

Con ello, Escoda cuestiona si la situación en la que se encuentra ahora el Ayuntamiento de Benidorm, puede repercutir en el bolsillo de los ciudadanos, en una reducción de los servicios municipales o un ajuste en el presupuesto. 

«Supone que el Ayuntamiento tendrá que hacer frente a dos presupuestos municipales consecutivos, lo que se traduce en una disminución de servicios y recortes en diversas áreas» subraya la portavoz socialista.

«Tenemos que ver cómo se manejan las vías legales y, lo que es más importante, cómo podemos obtener ayuda externa para afrontar esta grave situación», indicado Cristina Escoda, quien por último, ha instado al gobierno municipal a «buscar soluciones de inmediato».

Toni Pérez: «La hoja de ruta será la que marquen los técnicos jurídicos municipales»

El Supremo notificó en el día de ayer al Ayuntamiento de Benidorm del contenido de esta providencia, y tras ello, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, convocó una junta de portavoces. Tras ello, esta mañana se ha celebrado una reunión técnica de los servicios jurídicos y económicos municipales para «explorar todas las vías para seguir defendiendo el interés general de todos los vecinos y vecinas de Benidorm, como hemos hecho siempre en este asunto» ha indicado el alcalde.

«Todavía es muy pronto para avanzar cuál es la hoja de ruta que van a marcar los servicios jurídicos y económicos, pero ya les avanzo que no va a ser distinta de la emprendida en base a la infinidad de informes técnicos, jurídicos y económicos con relación a este asunto» que entraña cierta complejidad judicial debido a que hay distintas causas abiertas, ha explicado el alcalde.

Existen dos causas legales: una sobre la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento por los convenios de 2003 a 2013, mencionada en la providencia del Supremo, y otra sobre la nulidad de esos convenios. Hay cinco causas abiertas: dos resueltas a favor del Ayuntamiento, pero recurridas, y tres pendientes de sentencia.

«Todas las decisiones adoptadas sobre dichos convenios por el gobierno del Partido Popular están respaldadas por los técnicos y por el propio Consell Jurídic Consultiu, así como por los juzgados de Primera Instancia, que hasta ahora siempre nos han dado la razón», ha explicado Toni Pérez, a la vez que ha recordado que estos últimos convenios, los de 2010 y 2013, «fueron firmados primero por un gobierno socialista y después por una coalición de socialistas y liberales, cuando dicho suelo ya había sido declarado Parque Natural y se había dictado la Declaración de Impacto Ambiental».

Toni Pérez: «Aún no se ha agotado el camino»

Igualmente, el alcalde ha reiterado que el gobierno local «siempre ha mantenido la misma postura en relación a la nulidad de dichos convenios, independientemente de quienes fueran los recurrentes, a diferencia de la actitud adoptada por el grupo socialista, que con las mismas propuestas, los mismos informes y el mismo texto, ha votado una cosa u otra en el pleno en función de quién fuera el recurrente»

Por ello, el primer edil ha pedido a la portavoz del PSOE, Cristina Escoda, que explique «por qué renovó en el año 2010 unos convenios que estaban caducados y luego los volvió a apoyar en 2013», y ha recordado que en este último caso, «los convenios se tuvieron que aprobar con el voto de calidad del entonces alcalde Agustín Navarro, con el apoyo de PSOE y Liberales, frente a los votos en contra del PP y del no adscrito Juan Ángel Ferrer». Además, ha subrayado que «si los que llevaron a Benidorm a esta situación tuvieran ahora que defenderla, iríamos apañados» 

Por otro lado, ha señalado que «el Ayuntamiento aún no ha agotado el camino» en relación a este suelo y ha aclarado que «no estamos en el momento procedimental de tener que atender esa responsabilidad patrimonial» que derivaría de la sentencia dictada por el TSJ contra la que el Supremo ha inadmitido la casación.

«Los técnicos han abierto un abanico de posibilidades que hay que concretar», ha dicho, tras lo cual también ha aclarado que el Consistorio «está muy capacitado para negociar siempre que lo permita la ley y siempre que no sea en un momento procedimental en que se pueda afectar el interés general»

Finalmente, el alcalde ha insistido en trasladar «calma y tranquilidad a los vecinos y vecinas de Benidorm, frente al desasosiego que quieren transmitir otros».

«Cualquier solución que evite la ejecución forzosa, la familia estaría encantada con ello»

El abogado de los Murcia Puchades, José Domingo Monforte, afirma en declaraciones a Radio Sirena COPE, que la familia sigue abierta a negociar con el Ayuntamiento, como ya expresaron en su momento.

«La mano estaba y sigue estando» indica el abogado. Además, «cualquier solución que podamos encontrar que evite la ejecución forzosa, pues la familia estaría encantada con ello» subraya Monforte.

Finalmente, el abogado de los Murcia Puchades, indica que «esto es una cuestión de hablarla, no por los medios de comunicación, si no por las partes afectadas, pero la disposición es muy buena por nuestra parte».

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