El Ayuntamiento de Benidorm cambia su hoja de ruta después de conocerse el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que desestima el incidente de nulidad presentado por el Consistorio el pasado mes de mayo, vinculado a la condena a pagar más de 300 millones de euros a Murcia Puchades Expasión S.L. y Urban Villajoyosa 2000 S.L., en compensación por aprovechamientos urbanísticos de su propiedad incluidos en el sector APR-7 del Parque Natural de Serra Gelada. Ante este escenario, el Tribunal Constitucional se convierte en una posible vía para el Ayuntamiento de Benidorm.

En el marco de atención a los medios de comunicación para informar sobre los avances de esta cuestión, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha indicado que serán los servicios jurídicos del Consistorio quienes ahora orienten y marquen la hoja de ruta que la administración pública deberá de seguir, ya que «son decisiones que vienen orientadas por los informes técnicos y en las cuales la parte política tiene muy poca capacidad de decidir», pero en las que «parece que la orientación es, precisamente, acudir al Tribunal Constitucional», ha indicado el primer edil.

En este sentido, el primer edil ha incidido en que se va a seguir «la misma línea que hemos seguido desde que en el año 2015 tomamos posesión del gobierno, que no es otra que la defensa del interés de todos los benidormenses», con lo que «nuestra hoja de ruta, que es la hoja de ruta que han marcado los técnicos en relación a los convenios, no ha variado ni un ápice».

El Tribunal Constitucional, posible vía para el Ayuntamiento de Benidorm

Asimismo, el alcalde ha subrayado que «todavía es muy pronto para avanzar cuál es la hoja de ruta que van a marcar los servicios jurídicos». No obstante, ha adelantado que una de las posibles opciones es acudir al Tribunal Constitucional, si así lo aconsejan los informes técnicos, «porque eso no lo puede decidir un alcalde ni ninguno de los concejales».

En este sentido, Pérez ha recordado que «un político no puede tomar una decisión contraria al criterio técnico porque eso está tipificado por ley y tiene un nombre», tras lo cual ha indicado que «esa es la responsabilidad de gobernar. Puede haber decisiones incómodas o que no te gusten, pero son las que te dicen los técnicos que debes tomar».

Diversas causas abiertas

Asimismo, el alcalde de Benidorm ha recordado que este asunto continúa entrañando cierta complejidad judicial debido a que todavía hay distintas causas abiertas. De un lado, está la causa sobre la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento con relación a dichos terrenos en base a los convenios firmados en 2003 y 2004 y renovados en 2010 y 2013, que es a la que se refiere el auto del TSJ notificado en el día de ayer.

De otro, está la relacionada con la revisión de oficio y declaración de nulidad de esos mismos convenios por parte del Consistorio, una línea que todavía sigue viva y con cinco causas abiertas en los juzgados: dos ya resueltas en Primera Instancia que han dado la razón al Ayuntamiento y han ratificado que dichos convenios serían nulos de pleno derecho, que se encuentran recurridas; y otras tres que aún no tienen sentencia. 

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