La sección segunda de la Audiencia provincial de Alicante ya tiene fecha del juicio oral para investigar supuestas irregularidades en la política de contratación de personal y la cobertura de distintas plazas por parte del anterior del PSOE de Benidorm. El día que iniciará este juicio será el 6 de noviembre y seguirá en diciembre, los días 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de ese mes de 2025.
Fue en 2023 cuando, el Juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm decidió abrir el juicio oral contra los exconcejales socialistas Natalia Guijarro y Juan Ramón Martínez, junto a dos representantes sindicales y cuatro técnicos municipales.
Esta decisión se tomó a solicitud de la Fiscalía y de la acusación particular ejercida por el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), entidad que presentó la denuncia por unos hechos ocurridos en 2010, cuando el PSOE estaba al frente del gobierno municipal.
Previamente, varios de los imputados intentaron evitar la apertura del juicio oral presentando recursos en los que solicitaban que se declarara prescrita la causa, pero la Fiscalía Provincial de Alicante se opuso a esta petición.
Por los hechos que se les atribuye, los acusados podrían enfrentar penas de hasta ocho años y seis meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito continuado de prevaricación administrativa, además de cuatro años y seis meses de prisión por malversación.
Origen de la denuncia
Todo comenzó con la aprobación en pleno de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de 2010, a pesar de contar con un informe en contra de la Intervención. En este documento se incluía una subida salarial que aumentaba la paga del personal del Ayuntamiento, superando el límite máximo autorizado para ese año. La denuncia argumentaba que, «se crearon y cubrieron plazas cuya urgencia y necesidad no estaban debidamente justificadas«.
Además, la acusación subrayó el elevado número de plazas de personal laboral temporal, que ascendían a 43 puestos de trabajo, a pesar de que en ese momento existían restricciones legales debido a la crisis económica que afectaba a los ayuntamientos, incluido el de Benidorm.
Por otro lado, mientras que el número establecido para el ingreso de nuevos funcionarios era de tres, se incorporaron 13, lo que, según la denuncia, provocó un desajuste de 4,5 millones de euros en la partida presupuestaria destinada al personal entre los años 2009 y 2012.
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