El Ayuntamiento de Altea vuelve a respirar después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana anulara la sentencia de primera instancia que obligaba al Consistorio a pagar más de diez millones de euros a la mercantil Aguas Potables de Bernia S.L. –APOBERSA- por la retirada del servicio de agua en las urbanizaciones Altea Hills y Mascarat. Así lo ha anunciado la edil de Infraestructuras y Ciclo Hídrico, Aurora Serrat, a través de un comunicado.
Serrat ha recordado que todo comenzó en 2020, cuando el Pleno municipal decidió intervenir y asumir directamente la gestión del agua en estas zonas de Altea, ante las continuas quejas vecinales por «cortes, falta de potabilidad y una red en estado crítico». Es más, fueron tantas las quejas de los vecinos de la zona de Altea Hills que, en su momento, barajaron querellarse contra el Ayuntamiento.
En este sentido, la edil del área ha subrayado que «las tuberías presentaban graves pérdidas y la inversión por parte de la empresa era inexistente». Es por ello, que «el Ayuntamiento, obligado a reaccionar ante esta situación insostenible, optó por rescindir la relación con APOBERSA, una empresa heredera de los antiguos derechos de suministro del promotor Puerto Deportivo Luis Campomanes S.A., y hacerse cargo del servicio».
«El Consistorio ha acometido obras de emergencia por valor de más de 3,5 millones de euros»
«APOBERSA, representada por el empresario Luis Campomanes, reclamó más de diez millones de euros por supuestos derechos e infraestructuras», ha indicado Serrat, quien también ha apuntado que «en un primer momento, el Juzgado de lo Contencioso de Alicante le dio la razón». Sin embargo, «el Alto Tribunal valenciano ha revocado ahora esa sentencia, avalando la actuación del Ayuntamiento y considerando que no existe ningún derecho a indemnización, más allá del valor residual de unos contadores por importe de 15.000 euros».
Con todo ello, la edil ha apuntado que «mientras tanto, el Consistorio ha tenido que asumir la gestión de unas instalaciones muy deterioradas y acometer obras de emergencia por valor de más de 3,5 millones de euros para garantizar el suministro. Inversiones que, paradójicamente, han sido impugnadas por la propia APOBERSA y algunos vecinos de Altea Hills».
Finalmente, Aurora Serrat ha indicado que «el conflicto, que ha durado años, pone sobre la mesa una realidad cada vez más habitual: el papel de las administraciones públicas como garantes de servicios esenciales allí donde las concesionarias privadas no cumplen con sus responsabilidades».
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