La alcaldesa de Calpe, Ana Sala, ha situado al exalcalde popular César Sánchez en el centro de la crisis política abierta tras la salida del gobierno local de Paqui Solivelles, quien ha pasado a ser edil no adscrita. Una ruptura que deja al ejecutivo en minoría (Tripartido formado por Somos Calpe, PSOE y Compromís) y que llega a poco más de un año de las elecciones municipales.
En una comparecencia pública arropada por todos los miembros del equipo de gobierno, Sala ha defendido que la decisión de Solivelles «no ha sido individual» y ha apuntado a una posible injerencia externa. Sin citarlo expresamente en un primer momento, la alcaldesa fue dejando entrever la figura de Sánchez —actual concejal y exalcalde— como responsable de «mover los hilos» detrás de la salida.
La alcaldesa fue especialmente dura al valorar cómo se produjo la renuncia. Según explicó, el equipo de gobierno tuvo conocimiento de la decisión a través de un mensaje de WhatsApp enviado a primera hora de la mañana al grupo municipal, lo que calificó como una actuación «con premeditación, nocturnidad y alevosía».
Además, Sala rechazó los argumentos de la exconcejal sobre falta de diálogo e integración y contrapuso datos de gestión, señalando que Solivelles acumuló hasta 20 ausencias sin justificar en Juntas de Gobierno entre 2025 y 2026, pese a ocupar la tercera Tenencia de Alcaldía. «La política no se abandona por WhatsApp», insistió.
El relato de la alcaldesa fue respaldado por el portavoz socialista, Guillermo Sendra, quien puso en duda las razones de la salida y la vinculó a intereses políticos en un momento clave del calendario electoral.
Desde Compromís, Ximo Perles expresó su malestar por la situación, aunque negó algunas de las acusaciones lanzadas por Solivelles, como el supuesto aislamiento dentro del gobierno. En la misma línea, la portavoz de Somos Calpe, Rebeca Merchán, trató de restar dramatismo y defendió la cohesión del equipo.
Nuevo reparto de poder
La salida de Solivelles ha obligado a una rápida reestructuración del gobierno local. El cambio más relevante se produce en el área de Hacienda, que pasa a manos de Perles, en la que es ya la tercera modificación durante la legislatura.
En paralelo, se refuerzan perfiles dentro del ejecutivo: Álex Coca asume nuevas competencias como Empleo y CREAMA; Merchán incorpora Recursos Humanos; y el socialista Marco Bittner amplía su peso político al convertirse en séptimo teniente de alcalde.
El debate del Museu Fester sigue abierto
La crisis política coincide además con un momento de debate interno sobre uno de los proyectos urbanísticos clave: el Museu Fester en la Plaza de España. Tras la demolición del edificio anterior, el espacio ha ganado valor visual, lo que ha llevado al gobierno a estudiar alternativas como ampliar la plaza, reducir el proyecto o mantener el diseño original.
Sin embargo, no existe consenso dentro del ejecutivo, y cualquier modificación implicaría nuevos costes y retrasos administrativos, lo que podría comprometer su ejecución antes del final de la legislatura.
Con este nuevo escenario, el gobierno local pierde la mayoría absoluta, aunque insiste en que mantiene la estabilidad y la capacidad de gestión. La alcaldesa ha apelado a la responsabilidad del resto de concejales para garantizar el funcionamiento institucional.

Pleno
Durante el pleno celebrado este martes, se ha aprobado continuar con la tramitación de la modificación del PGOU que impedirá destinar a uso residencial los locales comerciales en plantas bajas de edificios plurifamiliares en todo el municipio.
La medida, iniciada en 2024 con la suspensión de licencias para el cambio de uso, busca frenar la transformación de locales en viviendas —especialmente turísticas— y preservar el comercio de proximidad y la actividad económica.
La concejal Mireia Ripoll ha defendido que se trata de una decisión «restrictiva» para proteger el tejido empresarial, mientras que la alcaldesa Ana Sala ha subrayado que «no se prohíbe, sino que se regula» una situación que se había desbordado.
La propuesta cuenta con informes favorables de distintas administraciones y áreas municipales, aunque ha generado críticas desde la oposición, que advierte de su impacto en el acceso a la vivienda. En el mismo pleno también se aprobó solicitar la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional para los Moros y Cristianos de Calpe.
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