El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha puesto el foco en la situación del comercio local y ha vinculado sus dificultades con el modelo turístico de la ciudad y con el reparto de los ingresos que genera esta actividad.

Durante la atención de medios respecto a los pagos de la sentencia de Serra Gelada, Pérez ha advertido sobre la transformación que está experimentando el comercio de proximidad ante el crecimiento de las compras por Internet. En este sentido, el alcalde ha defendido el papel de los pequeños establecimientos y ha apelado a la responsabilidad de los consumidores a la hora de elegir dónde realizan sus compras.

«Cada vez que compramos algo online es un comercio que deja de venderlo», ha señalado Pérez, quien ha explicado que detrás de cada compra realizada a través de una gran plataforma hay un comercio local que deja de realizar esa venta. De este modo, ha reivindicado la importancia de mantener vivos negocios tradicionales como las librerías, papelerías e imprentas, que considera parte del tejido comercial de la ciudad.

Sin embargo, el alcalde ha ampliado el debate y ha relacionado la situación del comercio con el peso económico del turismo en Benidorm. Ante esta situación, Pérez ha defendido que no se puede analizar la realidad económica de la ciudad únicamente desde la perspectiva municipal, teniendo en cuenta el volumen de actividad que genera su condición de destino turístico.

Millones de euros en IVA

El alcalde ha puesto como ejemplo la recaudación fiscal asociada al turismo y ha citado datos correspondientes a 2025 procedentes, según ha señalado, del Ministerio y del Instituto Nacional de Estadística. Según las cifras expuestas por Pérez, el alojamiento hotelero de Benidorm habría generado alrededor de 100 millones de euros en IVA para el Estado. A esta cantidad se sumaría una cifra similar vinculada a la actividad de restauración.

«Los turistas pagaron en impuestos por alojarse en Benidorm 100 millones de euros que recaudó el Estado», ha afirmado el alcalde, antes de plantear dónde queda posteriormente ese dinero y qué parte de esos recursos termina repercutiendo en la ciudad. Además, Pérez ha recordado que la oferta turística de Benidorm no se limita a los hoteles. La ciudad cuenta, según los datos aportados durante la intervención, con alrededor de 96.000 plazas turísticas, de las que unas 42.000 corresponden al alojamiento hotelero, mientras que el resto se distribuye entre campings y viviendas de uso turístico.

En el caso de la restauración, el edil ha destacado igualmente el volumen económico que genera la llegada de visitantes. Como ejemplo, ha citado el gasto de los turistas británicos en establecimientos de restauración de Benidorm, con una facturación que situó en torno a los 460 millones de euros, según los datos mencionados durante su intervención.

Asimismo, Pérez ha centrado buena parte de su argumentación en la diferencia entre la actividad económica que genera Benidorm y la Administración que finalmente recauda buena parte de los impuestos asociados a ella. «¿Qué pasa? Que el dinero se lo lleva el Estado, que no nos da ese dinero», ha señalado el alcalde, que reclama una mayor participación de los municipios turísticos en los recursos generados en sus propios territorios.

La reivindicación parte de una realidad específica de Benidorm: la ciudad debe prestar servicios a una población que durante buena parte del año supera ampliamente a la población empadronada como consecuencia de la llegada de turistas.

Este incremento de población tiene consecuencias directas sobre servicios como la limpieza, mantenimiento de calles, seguridad, transporte, gestión de residuos, espacios públicos e infraestructuras, además de generar una mayor presión sobre los servicios municipales. Para Pérez, el debate no debe limitarse únicamente a cuánto recauda el Estado, sino también a qué recursos regresan posteriormente a las ciudades que soportan diariamente los costes asociados a esa actividad económica.

El comercio local, en el centro del debate

El alcalde ha relacionado esta reclamación con la situación del comercio de proximidad. A su juicio, los establecimientos locales forman parte de la estructura económica de Benidorm y se ven afectados tanto por los cambios en los hábitos de consumo como por las particularidades de una ciudad turística.

Pérez ha mostrado especial preocupación por la evolución de negocios tradicionales como las librerías, papelerías e imprentas. En este sentido, ha explicado que procede de una familia vinculada durante décadas al sector y ha defendido el valor social y económico de este tipo de establecimientos.

«Una librería va a pasar al mundo de la nostalgia y del romanticismo», ha afirmado, en referencia a las dificultades que atraviesan algunos de estos negocios ante la transformación del comercio. El alcalde considera que la digitalización ofrece oportunidades, pero ha advertido de que también está modificando profundamente el comercio de proximidad. Frente a las grandes plataformas, ha destacado que los consumidores tienen capacidad para decidir si su gasto termina en una multinacional o en un establecimiento de su propia ciudad.

Una reivindicación sobre la financiación turística

La intervención de Toni Pérez sitúa así el comercio local dentro de un debate más amplio sobre el modelo de financiación de las ciudades turísticas. La cuestión que plantea el alcalde es qué ocurre con los ingresos generados por los millones de turistas que visitan Benidorm y hasta qué punto esos recursos se traducen posteriormente en financiación para el municipio.

Pérez ha defendido que Benidorm debería contar con una mayor participación en la riqueza fiscal generada por su actividad turística, de manera que pueda afrontar con mayores garantías los costes derivados de recibir a millones de visitantes y, al mismo tiempo, reforzar los servicios públicos y el tejido económico local.

La reivindicación del alcalde conecta, por tanto, dos realidades: por un lado, un comercio tradicional que reclama capacidad para sobrevivir frente a las nuevas formas de consumo y, por otro, una ciudad turística que reclama al Gobierno de España una financiación acorde con la actividad económica que genera.

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