El Ayuntamiento de Benidorm llevará al pleno municipal del próximo martes, 17 de marzo, una propuesta clave para afrontar una de las mayores obligaciones económicas de su historia: el pago fijado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana por los aprovechamientos urbanísticos del sector APR-7 del Parque Natural de la Serra Gelada.

El plan municipal plantea una fórmula financiera y patrimonial con la que el Consistorio pretende cumplir la sentencia —que supera los 350 millones de euros— sin comprometer la estabilidad económica de Benidorm. En este marco, el alcalde, Toni Pérez, ha explicado este viernes en rueda de prensa que, una vez aprobada en pleno, la propuesta deberá ser aceptada por la propiedad y/o los tribunales antes de hacerse efectiva en un periodo de tres días.

En esta línea, el primer edil ha defendido que el Ayuntamiento afrontará la sentencia «por la adquisición de suelos en Serra Gelada sin caer en la ruina, ni en la quiebra ni siquiera en la intervención» y «sin subir impuestos ni recortar servicios», las «dos líneas rojas» marcadas por el gobierno local para afrontar el pago de esta indemnización.

Primer pago, 60 millones en 2026

En el apartado económico, el Ayuntamiento propone realizar un primer pago de 60 millones de euros antes del 31 de diciembre de 2026. Esta cantidad se financiará principalmente mediante un préstamo de 55 millones procedente del Fondo de Impulso Económico, complementado con recursos propios municipales.

Tras ese desembolso inicial, el documento contempla un periodo de carencia del principal de la deuda hasta el 31 de diciembre de 2030. Durante esos años el Ayuntamiento podrá amortizar parte del capital si lo considera oportuno, aunque no estará obligado a hacerlo.

Además, desde la firma del convenio hasta el final de 2026 se establece una carencia de intereses, lo que significa que durante ese periodo la deuda no generará intereses adicionales.

A partir del 1 de enero de 2031 comenzará la fase de amortización obligatoria. Desde entonces el Ayuntamiento deberá destinar cada año al pago de la deuda —capital e intereses— al menos el 8 % de sus recursos corrientes ordinarios, hasta su cancelación total.

Cesión de suelo como vía para reducir la deuda

El plan también incorpora el pago en especie mediante la entrega de terrenos municipales, a través de un sistema de dación en pago.

La propuesta establece que los propietarios deberán aceptar obligatoriamente suelo municipal por valor de 67.386.655,89 de euros para cubrir los intereses acumulados hasta la firma del acuerdo. Estas entregas se realizarán durante cinco años y corresponderán a parcelas urbanas con aprovechamiento urbanístico ya materializable.

Entre los ámbitos urbanísticos previstos para estas cesiones figuran sectores como PP2/1, Murtal 2, Ensanche Levante o PAU 1, además de otros solares residenciales edificables. El intercambio se realizará siempre conforme al justiprecio, es decir, al valor real de mercado fijado mediante tasaciones actualizadas.

Además de esta primera fórmula obligatoria, el Ayuntamiento plantea la posibilidad de realizar nuevas daciones en pago voluntarias para reducir el principal de la deuda y los intereses que se generen a partir de 2027. En este caso, la propiedad decidirá si acepta o no las parcelas ofrecidas.

No subir impuestos y no recortar servicios

El plan se sustenta sobre dos líneas rojas que el ejecutivo municipal considera innegociables: no subir impuestos y no recortar servicios públicos.

«Desde el primer momento dijimos que acataríamos la sentencia», ha afirmado el alcalde, quien ha insistido en que «es una buena propuesta, que está avalada por el equipo técnico multidisciplinar que ha participado en este proceso, encabezado por los tres técnicos habilitados nacionales que hay en este Ayuntamiento —secretario, interventora y tesorera—».

En esta línea, el alcalde ha finalizado: «En todo este tiempo solo ha habido una única indicación política de nuestro gobierno local y en el momento en el que legalmente se ha viabilizado técnica y jurídicamente, que para elevar un acuerdo había dos líneas rojas: no subir impuestos y no recortar servicios».

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