Desde Villajoyosa, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado que el próximo 17 de junio, durante el Pleno del Consell, se solicitará formalmente al Gobierno de España la transferencia de competencias en la gestión del litoral de la Comunitat Valenciana.

Esta petición se basa en el artículo 49 del Estatut d’Autonomia, que reconoce como competencia exclusiva de la administración autonómica la ordenación del territorio, incluida la costa.

Mazón ha subrayado que no se trata de una «ganancia competencial» sino de una mejora cualitativa en la gestión. «Estamos preparados para asumir esta responsabilidad desde el autogobierno, con cercanía y eficacia, para administrar lo que es nuestro», ha afirmado.

La solicitud incluye no solo el reparto competencial, sino también la transferencia de bienes y servicios, personal, infraestructuras y recursos económicos. Según el president, este paso es clave para dotar al litoral valenciano de un marco normativo coherente con sus necesidades actuales, especialmente tras la reciente aprobación en Les Corts de la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana.

El anuncio se ha producido durante el acto de presentación de esta nueva ley autonómica en La Vila Joiosa. Mazón ha estado acompañado por el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus; la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano; la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Paqui Bartual; y el alcalde de La Vila Joiosa, Marcos Zaragoza, entre otras autoridades.

Durante su intervención, el jefe del Consell ha destacado que el 70% de la población valenciana reside en la franja costera, donde también confluyen la riqueza natural y buena parte del impulso económico de la región. «Debemos seguir haciendo de nuestra costa un espacio de progreso», ha dicho.

En esa línea, ha defendido que la nueva ley autonómica aporta una visión de equilibrio y sostenibilidad. «Hemos avanzado con paso firme hacia una gestión que compatibilice la protección ambiental con el desarrollo económico. Se puede crecer sin destruir y proteger sin paralizar”, ha asegurado.

Por último, Mazón ha resaltado que la normativa ofrece un marco más flexible, claro y jurídicamente seguro para planificar el litoral, protegiendo tanto el entorno natural como la actividad humana. «Entre el inmovilismo ambiental y el desarrollo sin control existe un amplio abanico de oportunidades que esta ley ayuda a aprovechar. No podemos permitirnos una gestión que enfrente el progreso con el medioambiente: ambos deben ir de la mano», ha concluido.

¿De qué trata esta nueva ley?

La nueva legislación autonómica nace con el objetivo de reforzar la capacidad de la Generalitat y los ayuntamientos para intervenir en la protección del litoral, frente a los deslindes del Estado o procesos de demolición que han afectado en los últimos años a viviendas y construcciones tradicionales en zonas costeras.

La Ley marca los criterios de clasificación de cada zona de la costa valenciana distribuyéndola en tres tipos de áreas: protección ambiental, mejora ambiental y paisajística y reordenación.

En las disposiciones adicionales se incorporan cuestiones como la vigilancia sobre las resoluciones estatales que puedan suponer un perjuicio al litoral de nuestro territorio o de sus habitantes, entre otras.

Asimismo, es la primera norma valenciana sensible a la preservación de los valores naturales esenciales como la biodiversidad, evitando cualquier acción u omisión que provoque daños en ella. También se protege especialmente la Posidonia, verdadero pulmón de nuestro mar, cuya función es comparable a la de los bosques al oxigenar y filtrar las aguas costeras.  

Autoridades

Durante el acto, el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana ha destacado que esta ley se sustenta sobre dos pilares fundamentales: la preservación del medio ambiente costero y la protección de los núcleos tradicionales con valor etnológico, como las históricas casas de pescadores, muchas de ellas con más de un siglo de antigüedad y situadas en primera línea de mar.

«Tenemos 500 kilómetros de costa, con más de 10 parques naturales y el 90% de las zonas húmedas del territorio, pero también una actividad económica y humana clave: el 70% de la población valenciana vive en la franja costera y el 15% del PIB se genera en ella», ha subrayado García Manzana.

La normativa, pretende ofrecer seguridad jurídica a los propietarios de viviendas que podrían verse afectados por los deslindes del dominio público marítimo-terrestre. Desde el Ejecutivo valenciano critican que el Ministerio para la Transición Ecológica, en lugar de acometer las necesarias obras de regeneración de playas para frenar la regresión del litoral, esté impulsando la revisión de estos deslindes, lo que pone en riesgo la propiedad de cientos de familias.

«No es aceptable que se esté planteando demoler casas centenarias en vez de regenerar la costa. Queremos proteger esos núcleos con rango legal y frenar la inseguridad jurídica que sufren sus propietarios», ha asegurado.

«Queremos que una persona en Castellón tenga los mismos derechos y obligaciones en la playa que alguien en Alicante o Valencia”

Según datos de la Generalitat, más de 60 kilómetros de litoral están actualmente bajo revisión, afectando a propiedades legalmente inscritas, adquiridas mediante compraventa, herencia o donación. En zonas como Dénia, por ejemplo, la revisión del deslinde afecta a más de 3.000 propietarios.

Además de la protección del patrimonio litoral, la ley también introduce un nuevo marco normativo común para los 500 kilómetros de costa valenciana, eliminando desigualdades entre territorios. «Queremos que una persona en Castellón tenga los mismos derechos y obligaciones en la playa que alguien en Alicante o Valencia”, explica.

La Generalitat ha aprovechado esta nueva legislación para exigir nuevamente al Estado la ejecución de más de 50 obras de regeneración costera proyectadas desde 2015 y que, según aseguran, aún siguen pendientes.

«Esta ley ha sido un compromiso de legislatura, redactada en un año y medio, debatida y aprobada en Les Corts, y ahora ya está en vigor. Lo que buscamos es dar una respuesta real a una necesidad urgente: proteger la costa y a quienes viven en ella».

Pese a que la competencia sobre los deslindes sigue siendo estatal, el Consell insiste en que esta ley autonómica puede convertirse en una herramienta esencial para defender el litoral valenciano y evitar que decisiones tomadas a distancia perjudiquen a su población y su patrimonio.

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