Benidorm ha aprobado, en un pleno extraordinario, el convenio de colaboración con el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa para la cesión de 7.000 metros cuadrados de suelo municipal destinados a la construcción de una planta desalinizadora que abastecerá a toda la comarca. El acuerdo ha sido respaldado por unanimidad por todos los grupos políticos de la Corporación.

El concejal de Ciclo Integral del Agua, José Ramón González de Zárate, ha calificado esta cesión como «una cuestión de interés público», destacando que la planta garantizará el suministro hídrico «a largo plazo, tanto para los vecinos como para los visitantes de Benidorm y la comarca».

El proyecto, valorado en 30 millones de euros, contempla una ejecución en dos fases y una capacidad de desalinización de hasta 7 hectómetros cúbicos. La futura instalación estará ubicada en el PAU 1 de Poniente, en una zona estratégica junto a las redes de agua existentes y aprovechando infraestructuras previas.

González de Zárate ha recordado que la primera moción sobre esta iniciativa se presentó en 2002 y que «pese a haber contado siempre con respaldo local, la Confederación Hidrográfica del Júcar no incluyó esta infraestructura en sus planes hasta que las alegaciones impulsadas desde Benidorm fueron parcialmente atendidas, aunque condicionadas a financiación íntegramente pública». En ese sentido, ha lamentado la falta de apoyo del Gobierno central y ha agradecido el compromiso económico de la Generalitat Valenciana y la Diputación de Alicante.

Además, ha subrayado que Benidorm es referente nacional en gestión hídrica eficiente, con un rendimiento del 96% frente al 70% de media en España, y ha recordado que ya se está trabajando en la cuarta red de agua del municipio para reutilización en Poniente.

Adiós a Terra Village como agente urbanizador

El pleno también ha aprobado por unanimidad la rescisión de la condición de agente urbanizador a la empresa Terra Village Land, promotora del Plan Parcial 3/1 (PAI El Murtal), debido a un incremento de más del 50% en los costes de urbanización respecto a la adjudicación inicial. Este trámite, amparado legalmente, abre la puerta a completar el desarrollo del sector mediante gestión directa o nuevas agrupaciones de propietarios.

La concejala de Urbanismo, Lourdes Caselles, ha explicado que la adjudicación original del proyecto data de 2002, por algo más de 26 millones de euros, y que desde entonces se han presentado hasta 13 planes parciales. Entre las cargas incorporadas destaca la construcción de un vial y una rotonda en la N-332 exigidos por el Ministerio, que ha corrido a cuenta del Ayuntamiento.

Caselles ha confirmado que el incremento de costes fue certificado por los técnicos municipales y que los promotores de los recursos presentados han desistido tras alcanzar este acuerdo.

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