El Ayuntamiento de Altea ha logrado una victoria histórica para el interés general, el medio ambiente y los derechos de los vecinos de la Sierra de Altea.
Tras más de diez años de conflictos judiciales, los tribunales han confirmado de forma firme que los depósitos, instalaciones y acuíferos del Plan Parcial El Aramo son de titularidad pública y deben ser gestionados por el municipio.
Esta resolución permite al Consistorio garantizar un suministro de agua seguro y un sistema de alcantarillado transparente en todas las urbanizaciones del Aramo, incluyendo Altea Hills, Mascarat, Sierra de Altea Golf, Sierra de Altea I y II y Urlisas.
Un modelo privado que fracasó
El Plan Parcial El Aramo, concebido en los años 60 como un proyecto turístico de referencia nacional, sufrió el abandono de su promotor original y el descuido progresivo de su urbanización. Como consecuencia, el sistema de agua y saneamiento quedó en manos privadas sin inversiones suficientes ni supervisión pública.
Desde 2014, los problemas se hicieron evidentes: pérdidas de agua superiores al 50 %, sobreexplotación de acuíferos, episodios de salinidad y riesgos para la salubridad del agua. Ante esta situación, en marzo de 2020 el Ayuntamiento decidió extinguir la autorización de hecho que permitía a Aguas Potables de Bernia (APOBERSA) continuar prestando el servicio, asumiendo directamente la gestión y protegiendo a más de 5.000 viviendas afectadas.
La justicia respalda la gestión pública
Las empresas privadas APOBERSA y Puerto Deportivo Luis Campomanes reclamaban hasta 13 millones de euros alegando ser propietarias de los depósitos y derechos de agua, pero los tribunales desestimaron sus reclamaciones. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana determinó en 2024 que los depósitos forman parte de las obras de urbanización y deben cederse al Ayuntamiento de manera obligatoria y gratuita. Posteriormente, el Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación de APOBERSA, dejando la sentencia firme y ejecutable.
Además, los tribunales confirmaron que los acuíferos del Aramo son dominio público y que no existe ningún derecho privado sobre ellos, lo que garantiza que el agua subterránea se destine al abastecimiento humano bajo control municipal.
Un modelo público que se extiende
Actualmente, el Ayuntamiento ya gestiona el suministro en Altea Hills y Mascarat. Con la resolución firme de los tribunales, podrá ampliar este modelo al resto de urbanizaciones del Aramo, planificar inversiones, reducir pérdidas, mejorar la calidad del agua y garantizar tarifas justas y transparentes.
El alcalde de Altea, Diego Zaragozí, ha calificado la resolución como «un hito histórico para el municipio y para miles de vecinos de la Sierra de Altea» y ha asegurado que «por fin la justicia ha puesto las cosas en su sitio. El agua es un bien público y no puede estar sometida a intereses privados cuando está en juego la salud y la dignidad de las personas. Ahora podremos renovar redes, reducir pérdidas y garantizar un suministro de agua de calidad en todo el Aramo, con criterios de interés general y transparencia».
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