En el pleno ordinario de mayo del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado este viernes destinar más de 29 millones de euros del remanente de tesorería del ejercicio 2024 a la financiación de proyectos en ejecución y a la amortización anticipada de deuda municipal.

En concreto, se han aprobado dos modificaciones presupuestarias: una por valor de 19.479.916,45 euros para reducir deuda y otra de 10.209.978,83 euros destinada a dotar presupuestariamente diversos proyectos con financiación afectada.

La concejal de Hacienda, Aida García Mayor, ha explicado que la amortización anticipada responde al restablecimiento de las reglas fiscales por parte del Gobierno central, lo que obliga legalmente a emplear los remanentes de tesorería en reducir endeudamiento. «Con esta operación amortizamos parte de la deuda del Ayuntamiento, lo que nos deja con muy buenos números en este aspecto», ha afirmado, subrayando que la medida es consecuencia directa de la normativa estatal impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La segunda modificación, aprobada por unanimidad, permitirá dotar de crédito extraordinario a proyectos que no se habían incluido previamente. Entre ellos destacan las obras de acceso al polígono industrial PP 3/1, un proyecto de realidad aumentada sobre Patrimonio Histórico, la expropiación de terrenos en la calle Italia, inversiones en la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) y la ejecución del Plan de Movilidad para el transporte público.

Cesiones, planificación urbana y mociones

Durante la sesión también se aprobó el convenio de cesión transitoria del ecoparque municipal al Consorcio del Plan Zonal de Residuos 6 (Área A1), un acuerdo que recibió el respaldo unánime del pleno y que, según la concejal Mónica Gómez, supondrá «un ahorro importante para las arcas municipales».

Asimismo, el Ayuntamiento ha aceptado, también por unanimidad, la cesión gratuita por parte de la Generalitat de los antiguos juzgados de la avenida Beniardá. Según el concejal de Patrimonio, Jaime Jesús Pérez, se trata de «la culminación de un expediente por el que se disponía la desafectación de los inmuebles» y ha agradecido al Consell su compromiso con la ciudad.

En materia urbanística, se ha aprobado por mayoría (PP y PSOE, con la abstención de Vox) someter a información pública la versión inicial del Estudio Ambiental y Territorial Estratégico para levantar la suspensión del PGMO de 1990 en Sierra Helada, L’Illa y Sierra Cortina. La edil de Urbanismo, Lourdes Caselles, ha explicado que este paso es imprescindible para que estas áreas pasen a tener ordenación urbanística después de décadas en suspensión.

También se ha aprobado el Estudio de Detalle para la ampliación en dos plantas de un edificio de uso dotacional destinado a aparcamiento en la calle Mercado 16, con una valoración económica compensatoria de más de 200.000 euros a incluir en el Patrimonio Municipal de Suelo.

Facturas, reconocimientos y situación financiera

En el capítulo económico, el pleno ha dado luz verde, con mayoría del equipo de gobierno, al pago de facturas por servicios básicos ya prestados por un importe total de 965.361,57 euros, además de un reconocimiento extrajudicial de crédito de 701.685,50 euros para abonar servicios de limpieza en edificios municipales. Asimismo, García Mayor ha aclarado que el sobrecoste se debe principalmente a la subida del Salario Mínimo Interprofesional.

Moción por el Plan Corresponsables y otras iniciativas

Entre las mociones debatidas, el pleno aprobó una del grupo popular para instar al Gobierno central a mantener el 100% de la financiación del Plan Corresponsables. La concejal de Bienestar Social, Ángela Zaragozí, ha defendido que el plan «garantiza el derecho al cuidado como un derecho universal» y ha criticado el recorte del 25% planteado por el Ejecutivo.

También con los votos de PP y Vox, se aprobó otra moción para exigir el mantenimiento de las actuales reglas del trasvase Tajo-Segura, hasta que se elabore un nuevo Plan Hidrológico Nacional. Lourdes Caselles denunció que los caudales ecológicos impuestos «no responden a criterios técnicos, sino políticos» y ha advertido del impacto negativo que supondrían para la agricultura del Levante.

Por otro lado, se aprobó una moción socialista, enmendada por el PP, en apoyo a la Academia Valenciana de la Lengua, así como una segunda iniciativa del PSOE en defensa del colectivo LGTBI+, que también fue enmendada por los populares. Esta última recibió el voto contrario del PSOE, la abstención de Vox y el respaldo del PP.

Ángela Zaragozí, concejal de Igualdad, ha expresado su respaldo a la Ley Trans valenciana, destacando su enfoque de prudencia, protección del menor, y acompañamiento familiar.

Caso Serra Gelada y control económico

Finalmente, se ha afirmado al pleno de la interposición por parte del Ayuntamiento de un incidente de nulidad de actuaciones contra la sentencia del TSJCV relacionada con la indemnización por la protección del paraje de Serra Gelada, que condena al consistorio a pagar más de 300 millones de euros. Además, se ha presentado la ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2025 y el informe de Intervención sobre el control interno del ejercicio 2024.

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