El pleno ordinario del mes de abril del Ayuntamiento de Altea ha dejado una sesión marcada por un intenso debate político en torno a la memoria democrática tras aprobar —con los votos de Compromís y PSOE— retirar la distinción de honor al dictador Francisco Franco.
Una sesión plenaria donde María José Sastre Egea ha tomado posesión como nueva concejal de Compromís, tras la renuncia en marzo del acta de Rafael Mompó. La edil ha asumido el cargo como siguiente en la lista electoral de su formación y ha asume las concejalías de Servicios Jurídicos, Contratación, Patrimonio y Educación.
Por lo tanto, la toma de posesión de Sastre eleva de nuevo el número de nueve concejales de Compromís, sumados a los tres del PSPV-PSOE, que forman el Equipo de Gobierno, frente a los ocho del Partido Popular y uno de Vox.
Revocación de la distinción de honor a Franco
El debate político se ha centrado en la revocación de la distinción de la medalla de oro concedida por elAyuntamiento de Altea en 1964 a Francisco Franco. La propuesta, aprobada con los votos favorables de Compromís y PSOE, la abstención del PP y el rechazo de VOX, implica retirar al dictador del Libro de Honor municipal, solicitar la devolución de la insignia a quienes la conserven y eliminar elementos conmemorativos de exaltación personal.
El concejal de Participación Ciudadana y Fiestas, Joaquín Devesa, ha defendido la medida como una adaptación necesaria de los reconocimientos públicos a los valores democráticos actuales. En la misma línea, el bipartito ha defendido que la medida no pretende reabrir heridas sino cerrar una anomalía en la administración pública, subrayando que las instituciones no deben mantener distinciones honoríficas vinculadas a regímenes dictatoriales.
Desde Vox, su portavoz de Vox, Diego Coello, ha calificado la propuesta de «ridícula» y ha solicitado su retirada, en un discurso crítico con las políticas de memoria democrática. Por su parte, Paco Berenguer del Partido Popular, ha enmarcado la iniciativa de una estrategia de confrontación política, buscando el rédito electoral, y restando prioridad a los asuntos de gestión municipal. En esta línea, ha optado por la abstención de su partido.
Además, el pleno ha aprobado la actualización de las tarifas de la empresa Pública de Desarrollo Municipal y ha acordado solicitar la autorización a la Conselleria de Medio Ambiente para la celebración de actos festivos tradicionales que incluyen el uso del fuego en zonas de influencia forestal, cumplimiendo de la normativa de seguridad.
Incidente en el Correllengua
En el apartado de ruegos y preguntas, el portavoz de Vox, Diego Coello, ha denunciado un supuesto caso de agresión ocurrido el pasado domingo, 26 de abril, durante la celebración del Correllengua, en el que —según indica— le sustrajeron el teléfono móvil de sus manos mientras grababa el acto.
En este marco, el edil ha solicitado la identificación de la persona implicada para interponer una denuncia ante la Guardia Civil y ha pedido respaldo institucional al resto de grupos políticos.
Plan financiero y espacios públicos
Además, se han abordado distintas cuestiones relacionadas con la gestión municipal. Entre ellas, la portavoz popular, Rocío Gómez, ha presentado dos ruegos. El primero, centrado en el plan financiero, en el que ha denunciado la existencia de reparos por contratos inexistentes o fraccionados, señalando un posible descontrol en la empresa pública. En este sentido, ha solicitado una revisión y corrección de la gestión financiera.
Unas acusaciones que ha respondido el concejal de Hacienda, José María Borja, calificándolas de «mentiras», y subrayando que se trata de mecanismos de control financiero habituales y que es el interventor quien indica los aspectos a mejorar en la gestión.
En un segundo ruego, los populares han puesto el foco en la falta de espacios públicos de carácter social, proponiendo que los locales municipales en desuso se habiliten para uso vecinal y actividades comunitarias.
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