Dimite Rafael Ramón Mompó, concejal de Compromís en el Ayuntamiento de Altea, tras ser detenido y puesto en libertad con cargos tras prestar declaración en relación con la denuncia presentada por su pareja en un presunto episodio de violencia de género ocurrido en la noche del domingo, 15 de marzo.
Este lunes, el hasta ahora concejal, ha pasado por disposición judicial en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 del Tribunal de Instancia de Dénia, que ha decretado su libertad con cargos. Sin embargo, mantiene una investigación abierta por presuntos delitos de maltrato con lesiones y coacciones leves, en una causa que seguirá su curso en la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Benidorm.
Según fuentes judiciales, ninguna de las partes ha solicitado orden de protección y el juzgado no lo ha acordado al no apreciar los requisitos necesarios. Asimismo, la víctima se ha acogido a su derecho a no declarar y no ha ratificado la denuncia. Pese a ello, el procedimiento sigue adelante. El investigado no contaba con antecedentes por hechos similares en el ámbito de esta relación.
Con todo ello, el Ayuntamiento de Altea ha emitido hace unos minutos un comunicado trasladando que el concejal Rafael Ramón Mompó ha presentado su renuncia al acta de regidor. Una renuncia que el alcalde, Diego Zaragozí, ha aceptado.
Reacción institucional
En el día de ayer y antes de prestar declaración judicial, la reacción institucional fue inmediata. El alcalde de Altea, Diego Zaragozí, retiró a Ramón Mompó las competencias que hasta ahora el concejal delegaba: las concejalías de Servicios Jurídicos, Contratación y Patrimonio. Paralelamente, Compromís acordó su suspensión cautelar de militancia y la apertura de un expediente disciplinario.
Además, el caso ha generado una intensa presión política en la comarca. Desde el PSPV-PSOE, su secretaria institucional y secretaria general del partido en la Marina Baixa, Mayte García, ha exigido la renuncia inmediata del edil al considerar insuficientes las medidas adoptadas inicialmente. «La lucha contra la violencia machista exige coherencia, firmeza y ejemplaridad en las instituciones. Un cargo público investigado por un presunto caso de violencia contra su pareja no puede seguir formando parte de ningún gobierno», ha señalado.
También, el Partido Popular de Altea pidió «medidas contundentes e inmediatas». Su portavoz, Rocío Gómez, incidió en que «la responsabilidad judicial y la responsabilidad política son ámbitos distintos, y la ejemplaridad que se exige a un cargo público obliga a dar un paso atrás mientras se aclaran los hechos».
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