Agentes de la Policía Nacional han detenido a una empresaria de 54 años, en Benidorm, como presunta responsable de los delitos estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental y fraude de subvenciones, tras haber cobrado prestaciones y ayudas que solicitó a nombre de una de sus empleadas contratadas.

Los hechos se remontan al mes de febrero de 2019, cuando la denunciante, entonces de 19 años, inició su andadura en el mundo laboral en un establecimiento de Benidorm, donde la contrataron, según creía, como aprendiz. La relación laboral finalizó en septiembre de 2022, tras más de tres años, periodo durante el cual no llegó a recibir copia del contrato, nóminas ni recibos de pago, y percibía su salario mayoritariamente en efectivo.

Sin embargo, en agosto del 2024, la perjudicada recibió una carta de UMIVALE, en la que se le informaba de la concesión de una ayuda por cese de actividad, una circunstancia que le resultó extraña, ya que no había solicitado ninguna ayuda ni prestación, por lo que comenzó a recabar información relativa a su situación administrativa.

Tras las primeras gestiones, tuvo conocimiento de que se habían solicitado hasta cuatro ayudas a su nombre, cuyos datos coincidían con los de una asesoría de Benidorm que había intermediado en la firma de su contrato laboral en su primer empleo. Además, se le informó de que los trámites se realizaron de forma telemática, mediante su firma digital.

Al conocer estos hechos, recordó que, cuando empezó a trabajar para el establecimiento de Benidorm, en el momento de la firma del contrato, la responsable de la empresa le solicitó la firma digital y su número de la Seguridad Social.

Seis prestaciones solicitadas a su nombre

Finalmente, averiguó, a través de SUMA y de la Agencia Tributaria, que entre los años 2020 y 2021 se habían solicitado hasta seis ayudas por prestaciones de distintos tipos y cuantías, por un importe superior a los 15.000 euros, cuyo ingreso se realizó en una cuenta bancaria desconocida para ella, por lo que decidió interponer denuncia ante la Policía Nacional.

De la investigación se hicieron cargo los agentes de la Policía Judicial de la Comisaría de Benidorm, quienes constataron en una primera fase que todas las ayudas habían sido solicitadas de forma telemática, utilizando la firma digital de la denunciante, y que la asesoría mencionada por la víctima, que intermedió en su contrato laboral, figuraba en las solicitudes.

En cuanto a las prestaciones, eran de carácter diverso, destacando una concedida por la Generalitat Valenciana, por un importe de 300 euros, dirigida a trabajadores autónomos que se encontraban percibiendo de la mutua o entidad gestora, durante los meses de enero y/o febrero de 2021, alguna prestación extraordinaria análoga al cese de actividad, para aquellos casos en los que se vieron obligados a suspender su actividad o sufrieron una reducción considerable de la facturación, como consecuencia de las medidas adoptadas durante la pandemia de la COVID-19.

En cuanto a la cuenta receptora de las ayudas, figuraba a nombre de la empresa para la que trabajó la denunciante, siendo la titular de la misma la gerente del establecimiento, donde quedaron reflejadas las transferencias procedentes de las ayudas solicitadas a nombre de la víctima, además de otros datos de contacto que la incriminaban directamente en los hechos.

Aprendiz y falsa autónoma

Por lo que respecta a la denunciante, se averiguó que, durante los tres años y medio de relación laboral, estuvo dada de alta como trabajadora autónoma, sin su conocimiento ni consentimiento, desempeñando su labor en la empresa que la contrató. La gerente asumía el pago de las cuotas de autónomos con el objetivo de reducir costes en las cotizaciones a la Seguridad Social y eludir otras obligaciones laborales como empleadora, una práctica conocida como «falso autónomo».

Siguiendo con el engaño y conocedora de las ayudas dirigidas a autónomos durante el periodo de la COVID-19, la empresaria solicitó diversas prestaciones a nombre de la víctima, haciendo uso de su firma digital, que había obtenido tras requerírsela para la tramitación del contrato laboral.

Finalmente, la investigación reveló que, mediante este procedimiento, la responsable de la empresa acumuló un importe total de 12.721,80 euros en prestaciones obtenidas de forma fraudulenta.

Así pues, una vez reunidos suficientes indicios probatorios, los agentes se desplazaron hasta el establecimiento, que se encontraba abierto al público, y procedieron a la detención de su gerente, como presunta responsable de los delitos investigados.

De forma paralela, se solicitó a la entidad bancaria receptora de los ingresos el bloqueo de la cantidad obtenida de manera fraudulenta, y todas las diligencias practicadas fueron puestas a disposición de los juzgados de instrucción de Benidorm.

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