El conocido como «Caso Enchufes» que implica al PSOE de Benidorm regresa a la primera línea judicial quince años después de estallar. La Audiencia Provincial de Alicante abre este mes el juicio por una presunta trama de contrataciones irregulares y mejoras laborales en el Ayuntamiento durante el mandato socialista, que podría haber beneficiado a más de 40 personas y causado un perjuicio económico de 4,5 millones de euros. Ahora, ocho antiguos cargos públicos y técnicos municipales se sientan en el banquillo, acusados de prevaricación, malversación y tráfico de influencias.

La investigación, que ha tardado más de una década en llegar a juicio, analiza una presunta red de contrataciones irregulares y mejoras laborales concedidas a personas vinculadas políticamente o familiarmente con miembros del equipo de gobierno.

Según una denuncia presentada por el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), entre los años 2009 y 2012 se habrían formalizado hasta 130 contratos temporales sin seguir los procedimientos legales establecidos, en plena etapa de restricciones a la contratación pública.

En total, el sindicato señala a más de cuarenta personas supuestamente beneficiadas por estas prácticas, lo que habría generado un perjuicio económico de 4,5 millones de euros para las arcas municipales.

Después de años de investigación, recursos y aplazamientos, la Audiencia Provincial de Alicante ha fijado finalmente el inicio del juicio para este mes de noviembre. En el banquillo hoy jueves 6 de diciembre se sentarán ocho acusados, entre ellos antiguos concejales socialistas, técnicos municipales y representantes sindicales, que se enfrentan a cargos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias.

El Ministerio Fiscal ha asumido la acusación y, según fuentes judiciales, pide para los investigados hasta ocho años y seis meses de inhabilitación para cargo público en el caso de la prevaricación continuada y cuatro años y seis meses de prisión por malversación, además de las sanciones accesorias que procedan.

Se sientan en el banquillo José Asensio Salamero (jefe de Contratación y Seguridad Social), Daniel Caneiro (coordinador de Recursos Humanos y jefe de Personal), María Dolores Cantó (técnica de Relaciones Laborales del Departamento de Recursos Humanos), Julio Fernández Lleras (jefe del Departamento de Nóminas), Natalia Guijarro (concejal delegada de Hacienda), Juan Ramón Martínez (concejal delegado de Recursos Humanos), María Matilde Martínez (jefa de Negociado de Personal) y Carmen Navarro (jefa de Recursos Humanos). Declararán el primer día del juicio en la Audiencia Provincial de Alicante.

Calendario de declaraciones y reparto de testigos

La Audiencia Provincial ha organizado la toma de declaraciones por bloques. El 9 de diciembre están citados 12 testigos propuestos por la acusación particular (SPPLB), entre los que figuran, según el señalamiento donde ha accedido Radio Sirena, cuatro policías adscritos al sindicato y varios exresponsables municipales y empleados que, en su momento, tuvieron cambios en su situación laboral:

• Mariola Fluviá Peiró (exconcejala de Playas)
• Juan Fuertes Apastegui (exjefe de la Policía Local)
• Gema Amor Pérez (entonces edil del CDL y posterior concejala del Gobierno local)
• Francisca Carpio Crespo (extrabajadora social)
• Antonio Francisco Cruañes y Alfonso Alonso Serrano (área de Deportes)
• Moisés Pellicer Carrasco (técnico de Medio Ambiente y Playas)
• Francisca Marín Navarro (que ejerció funciones de secretaria del Ayuntamiento)

El 10 de diciembre se espera la declaración de los testigos propuestos por el fiscal, entre los que figuran exjefes de Recursos Humanos, interventores y técnicos que desempeñaban funciones de control económico y administrativo: Lorenzo Medina Juan, José Ignacio Oiza, Francisco José García Martínez, Dolores Lillo, Rafael Vicente Queralt y María Isabel Pérez Aparicio.

Por otra parte, la sesión del 11 de diciembre combinará comparecencias de funcionarios especializados (como miembros de la Brigada de Blanqueo de Capitales) y testigos con vínculo político o institucional, entre ellos la portavoz del Grupo Municipal Socialista en aquel momento, Cristina Escoda Santamaría, y Encarna Llinares Cuesta, entonces subdelegada del Gobierno en Alicante. Ese mismo día prestarán declaración también testigos de la defensa de los acusados, como personal del área cultural o técnica que afrontó ascensos o cambios de categoría.

El 16 de diciembre cerrará la ronda de testificales con las declaraciones previstas a favor de algunos de los investigados, incluidos trabajadores municipales y mandos medios que han sido propuestos por las defensas para contextualizar los nombramientos y los expedientes administrativos.

Cristina Escoda, en el punto de mira

Entre los testigos citados para declarar el día 11 de noviembre figura Cristina Escoda, actual portavoz del grupo municipal del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Benidorm debido a que su marido figura entre los supuestos beneficiados por las contrataciones bajo sospecha, realizadas en plena etapa de austeridad impuesta desde el Gobierno central.

La Fiscalía cifra el posible perjuicio económico en unos 4,5 millones de euros y centra la acusación en si los procesados favorecieron a personas con vínculos familiares o políticos con el equipo de gobierno socialista de la época. Durante la instrucción del caso, incluso se ha conocido que uno de los trabajadores señalados, concretamente un dirigente de UGT, habría llegado a percibir un salario superior al del propio alcalde.

Cabe destacar que el proceso judicial se ha alargado durante años, en parte por los recursos y maniobras legales de varios acusados que trataron de evitar su enjuiciamiento. Sin embargo, ninguno de esos intentos ha prosperado, y finalmente todos deberán responder ante el juzgado de Benidorm que instruye la causa.

Qué se aclarará en sede judicial

Las comparecencias buscan, sobre todo, acreditar si la concesión de puestos, ascensos y complementos retributivos se ajustó a la normativa vigente entonces, o si, por el contrario, existieron actuaciones arbitrarias o favoritismos que pudieran encajar en los delitos imputados. La instrucción deberá valorar documentación administrativa, actas de comisiones, expedientes de personal y posibles informes técnicos y jurídicos emitidos en las distintas fases.

Fuentes judiciales consultadas desde Radio Sirena Cope subrayan que muchos hechos se remontan a más de una década, ya que implican a distintos servicios municipales y requieren una reconstrucción de procesos administrativos y criterios de contratación aplicados entonces.

Próximos pasos

Tras la fase de testificales prevista para diciembre, el procedimiento continuará con la valoración de la prueba documental y, en su caso, la práctica de nuevas diligencias que soliciten las partes. La Audiencia Provincial tendrá la última palabra sobre la admisión total o parcial de la prueba y sobre la fijación de las siguientes fechas procesales.

Mientras tanto, las citaciones de esta semana, con la declaración como acusados de los ocho exconcejales y técnicos, marcan el inicio de una fase crucial del proceso, cuya resolución puede tardar aún meses en concretarse. El caso, que comenzó como una denuncia sindical hace más de una década, encara ahora una instancia decisiva que pretende arrojar luz sobre prácticas administrativas del pasado y, en última instancia, sobre responsabilidades penales en la gestión municipal.

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