La Audiencia Provincial de Alicante ha decidido archivar la causa para cinco de los ocho acusados por los presuntos enchufes en el Ayuntamiento de Benidorm, entre los que se encuentra Natalia Guijarro, la exconcejal socialista.

Una decisión que ha tomado el tribunal después de que admitiera parcialmente las nulidades solicitadas por las defensas al comenzar el juicio.

Ahora, el procedimiento continuará únicamente contra tres acusados, entre los que se encuentra el también exedil socialista Juan Ramón Martínez, así como los responsables del departamento de Recursos Humanos durante los años en los que Martínez ocupó su cargo.

Hasta el momento, a los ocho investigados se les había imputado por formar parte de una supuesta trama para contratar a personas afines al PSOE entre los años 2009 y 2012, mediante contratos temporales y pluses salariales irregulares.

Concretamente, de los aproximadamente 130 contratos formalizados en ese periodo, 43 habrían beneficiado a personas con vínculos políticos o familiares con el equipo de gobierno, causando una pérdida estimada de 4,5 millones de euros a las arcas municipales.

Es por ello que los delitos que se les atribuían incluían prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Una cuestión que llega más de una década después a los tribunales, momento en el que actualmente, tanto Natalia Guijarro como Juan Ramón Martínez, ya no están activos en la vida política. 

El motivo principal del archivo para estos cinco acusados se centra en que su imputación se produjo cuando ya se habían agotado los plazos legales para continuar la investigación, según establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde 2015, que fija un plazo máximo de 18 meses para la instrucción de causas complejas, prorrogables. Sin embargo, ahora la Audiencia ha constatado que la segunda prórroga se ha concedido fuera de plazo. 

Por ello, cuando estos investigados fueron citados, el plazo legal ya había vencido, lo que ha llevado al tribunal a cerrar la causa. Ante ello, las defensas han argumentado que incluso la imputación de Guijarro se ha realizado fuera de plazo y por hechos ocurridos cuando ella ni siquiera era concejal.

Asimismo, según la Audiencia, se ha cambiado el procedimiento al Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos, que ejercía la acusación particular, al considerar que no es perjudicado directo. Y ahora, si desea continuar, deberá hacerlo como acción popular y presentar una fianza aún por fijar. 

Durante el juicio, tanto la Fiscalía como la acusación particular han defendido la continuidad de la causa con todos los acusados y la actuación del juzgado, argumentando que los procesados no habían cuestionado los plazos hasta el inicio del juicio. 

Sin embargo, la Audiencia ha considerado que sí se han vulnerado derechos fundamentales, ya que no importa cuándo se plantee la alegación. Con ello, tanto la Fiscalía, como la acusación ejercida por el Sindicato han protestado la decisión, alegando que la documentación clave no ha llegado al juzgado hasta que se realizó el relevo en el Ayuntamiento.

Por el momento, el tribunal no se ha pronunciado sobre la validez de la documentación remitida tras el vencimiento de los plazos de instrucción, ni sobre si los delitos podrían estar prescritos; estas cuestiones se resolverán al redactar la sentencia final. 

Mientras tanto, el juicio se ha aplazado, ya que los acusados habían pedido declarar al final y las primeras comparecencias no pudieron celebrarse. La Audiencia de Alicante ha aceptado parte de las nulidades solicitadas por las defensas, lo que ha dejado fuera del juicio a cinco de los ocho acusados. Ahora se fijará una nueva fecha para continuar con los tres acusados restantes.

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