El pleno del Ayuntamiento de Benidorm aprobó el pasado viernes abrir un trámite de audiencia a la familia Murcia Puchades para valorar la viabilidad de un acuerdo de colaboración que permita ejecutar la condena vinculada al caso Serra Gelada, que podría superar los 350 millones de euros.

Según el Boletín Provincial de Alicante, los informes técnicos municipales plantean varias opciones para afrontar la indemnización, incluyendo solicitudes de financiación, operaciones bancarias, enajenaciones, permutas y compensaciones mediante terrenos con aprovechamiento urbanístico en otras zonas del municipio. Esta última opción permitiría cubrir parte o la totalidad de la condena sin comprometer de manera directa la liquidez municipal.

El Ayuntamiento ha señalado que también se contempla un pago inicial mediante el Fondo de Impulso Económico y el aplazamiento de la cuantía restante durante un periodo «razonado», buscando la fórmula menos gravosa para la hacienda municipal, siempre sujeta a autorización judicial y a la aceptación de los propietarios.

El alcalde, Toni Pérez, ha afirmado que el Consistorio «tiene capacidad para generar economías» y que estas medidas se estudian para evitar la «quiebra de la hacienda municipal», que podría afectar gravemente a la prestación de servicios públicos, pagos a entidades bancarias y salarios de personal municipal.

Actualmente, Benidorm cuenta con planes parciales pendientes de desarrollo, como Ensanche Levante o El Murtal, que podrían ser contemplados como parte de la compensación mediante aprovechamientos urbanísticos, aunque todavía requieren estudio y aprobación definitiva.

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