El Ayuntamiento de Benidorm ha solicitado adherirse al Fondo de Impulso Económico para atender parte de la indemnización reconocida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) a los propietarios del suelo del sector APR-7 de Serra Gelada. La administración local solicita 55 millones de euros al Estado.

El alcalde, Toni Pérez, ha informado en la tarde del miércoles a los grupos de la Corporación en Junta de Portavoces de la medida propuesta por los técnicos municipales en un informe del área Económica que se ha materializado durante el mismo día: el Ayuntamiento de Benidorm solicita 55 millones de euros con cargo al Fondo de Impulso Económico, que está gestionado por el Ministerio de Hacienda y regulado en el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de la comunidades autónomas y entidades locales.

Este dinero deberá de reintegrarse al Estado en un plazo máximo de 12 años y con un interés de en torno al 3,5 %. La cantidad a solicitar, según ha explicado Toni Pérez, ha sido establecida por los propios técnicos del área Económica, en atención a las condiciones del propio fondo, tanto en lo relativo al plazo como a los intereses. En caso de que el Ministerio estime dicha solicitud, el pleno del Ayuntamiento de Benidorm deberá aprobar el calendario de amortización de esos 55 millones de euros.

Finalmente, según ha explicado el alcalde, la solicitud se ha cursado a través de decreto de Alcaldía a última hora de la mañana del miércoles, una vez completado el expediente y siendo el último día de plazo para acogerse a este mecanismo de financiación.

«Transparencia e inmediatez»

Desde el Ayuntamiento de Benidorm trasladan que tanto los técnicos jurídicos como económicos municipales siguen trabajando para establecer cuáles han de ser los próximos pasos del Ayuntamiento en relación a Serra Gelada; información que se comunicará con total transparencia e inmediatez a los grupos políticos de la Corporación y a la ciudadanía. 

En este sentido, recuerdan que, al margen de los aspectos económicos de la sentencia indemnizatoria, los técnicos municipales siguen trabajando en el estudio pormenorizado de la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana relativa a la nulidad de los convenios urbanísticos que han dado lugar a la indemnización millonaria a favor de los propietarios del suelo, así como en el análisis de la viabilidad jurídica y la conveniencia para el interés público de la interposición del correspondiente recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

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