El Ayuntamiento de Benidorm presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el último auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), dictado en junio, en relación al controvertido sector urbanístico APR-7.

La decisión se ha adoptado tras la Junta de Portavoces celebrada esta mañana, donde se analizaron los últimos informes jurídicos, tanto municipales como externos, con el objetivo de «seguir defendiendo el interés general».

El TSJCV ha desestimado recientemente el incidente de nulidad presentado por el Consistorio frente a la sentencia que le obliga a pagar 283 millones de euros, más intereses, a dos mercantiles por aprovechamientos urbanísticos incluidos en el APR-7. Ante esta resolución, el Ayuntamiento ha decidido acudir al Constitucional, respaldado por los técnicos municipales.

El alcalde, Toni Pérez, ha insistido en que la hoja de ruta municipal «no ha variado ni un ápice» y sigue basándose en los informes técnicos sobre los convenios firmados en 2003 y 2004, y renovados posteriormente en 2010 y 2013, que sustentan la reclamación de las mercantiles. Pérez ha recordado que ya existen sentencias en primera instancia que avalan la postura del Ayuntamiento.

Actualmente, existen varias causas judiciales abiertas sobre este asunto. Una está relacionada con la responsabilidad patrimonial derivada de los citados convenios, y otra con la revisión de oficio y declaración de nulidad de los mismos. En esta última vía, dos sentencias de primera instancia ya han dado la razón al Ayuntamiento, declarando nulos los convenios, aunque ambas están recurridas. Otras tres causas permanecen aún pendientes de resolución.

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