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    Benidorm publica en el DOGV el acuerdo de Serra Gelada y el reparto entre propietarios

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    El Pleno del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado, en sesión extraordinaria, un acuerdo de colaboración con varias mercantiles y particulares para la ejecución de la Sentencia 343/2024 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que condena al consistorio al pago de más de 283 millones de euros, más intereses, en concepto de compensación por aprovechamientos urbanísticos en el sector APR-7 de Serra Gelada.

    La decisión se adopta tras la homologación judicial del procedimiento por parte del órgano contencioso-administrativo competente en Alicante, que ha declarado firme la sentencia y ha instado su ejecución en vía forzosa, después de la inadmisión del recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

    Según los informes de Intervención Municipal incorporados al expediente, el impacto económico total de la condena asciende a más de 349 millones de euros a fecha de febrero de 2026, incluyendo intereses legales acumulados. El propio informe advierte de que la ejecución inmediata del fallo supondría un «gravísimo trastorno» para la hacienda municipal, llegando a compararse su impacto con más de dos años y medio del presupuesto ordinario del consistorio.

    Ante esta situación, el Ayuntamiento y los beneficiarios de la sentencia han consensuado un extenso acuerdo de colaboración que estructura el pago de la deuda en varias fases, combinando pagos iniciales, aplazamientos, intereses y posibles compensaciones mediante cesión de suelo.

    El documento aprobado reconoce una deuda total superior a 350 millones de euros, incluyendo principal e intereses acumulados hasta marzo de 2026, y establece un calendario de pagos a largo plazo con un horizonte que puede superar las tres décadas.

    Entre los elementos principales del acuerdo destacan; un pago inicial de 60 millones de euros antes de finales de 2026; un periodo de carencia hasta 2030 en el que no se amortizará principal; amortización progresiva a partir de 2031, vinculada a un porcentaje mínimo de los recursos municipales anuales y la posibilidad de realizar pagos en especie mediante la cesión de terrenos municipales con aprovechamiento urbanístico.

    El acuerdo fija con precisión cuánto corresponde a cada propietario, tanto en principal como en intereses. Por ejemplo: 

    Murcia Puchades Expansión, SL: 66,21 millones de principal, más 15,76 millones de intereses

    Antonio Manuel Puchades Orts: 66,21 millones, más 15,76 millones de intereses

    Rucalaf, SL: 61,78 millones de principal, más 14,70 millones de intereses

    FPO, SA: 51,51 millones de principal, más 12,26 millones de intereses

    Atricap Investment, SL: 19,12 millones de principal y 4,55 millones de intereses

    Urbana Villajoyosa 2000, SL: 18,21 millones de principal, más 4,33 millones de intereses

    El texto también prevé que los intereses legales continúen devengándose durante buena parte del periodo de ejecución, y establece mecanismos automáticos de vencimiento anticipado en caso de incumplimientos.

    Cesión de suelo y urbanismo como parte del pago

    Uno de los elementos más relevantes del acuerdo es la inclusión de fórmulas de pago en especie, mediante la cesión de terrenos municipales o aprovechamientos urbanísticos en distintos sectores de la ciudad.

    Estas operaciones deberán realizarse, según el documento, con criterios de justiprecio y en proporción a la participación de cada uno de los beneficiarios en los derechos reconocidos judicialmente.

    El acuerdo también contempla el desistimiento de acciones judiciales presentes o futuras relacionadas con el litigio urbanístico, así como la retirada de recursos pendientes, siempre que se cumplan los términos pactados.

    Asimismo, se prevé la constitución de una comisión de seguimiento para supervisar la ejecución del acuerdo y su adecuación a la normativa presupuestaria y administrativa.

    Publicación y próximos pasos

    El acuerdo ha sido aprobado por mayoría absoluta del Pleno municipal, con el respaldo del equipo de gobierno y la abstención del principal grupo de la oposición además de publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

    Finalmente, el Ayuntamiento deberá ahora trasladar el texto a las partes firmantes para su aceptación definitiva en un plazo de tres días, antes de su homologación judicial final.

    Con esta decisión, el consistorio busca evitar la ejecución forzosa inmediata de la sentencia y articular un mecanismo de pago progresivo que, según los informes técnicos, permita compatibilizar el cumplimiento de las obligaciones judiciales con la continuidad de los servicios públicos en una ciudad como Benidorm.

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