El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha explicado ante los medios de comunicación que la solicitud del Ayuntamiento de adhesión al Fondo de Impulso Económico para atender parte de la indemnización por los suelos del sector APR-7 Serra Gelada es «una ventana de oportunidad». Un préstamo de 55 millones de euros para hacer frente a una sentencia judicial que supera los 350 millones, y por la que el alcalde no plantea una subida de impuestos.

Este es un trámite del que el gobierno local informó en la tarde de ayer a los grupos de la Corporación a través de una Junta de Portavoces. Una decisión avalada por los técnicos municipales tras «analizar todas las circunstancias», y que contempla un plazo máximo de amortización de 12 años y un tipo de interés en torno al 3,5%.

El alcalde, Toni Pérez, ha explicado que este es un mecanismo de financiación estatal dirigido a ayuntamientos que acrediten solvencia económica y previsión presupuestaria. «Este fondo no es una subvención, es un préstamo que hay que devolver», y para acceder a él, entre otros requisitos, «los ayuntamientos tienen que tener sus cuentas saneadas».

El primer edil también ha querido despejar cualquier especulación sobre una eventual subida de impuestos para compensar el esfuerzo financiero. «Nuestra voluntad y decisión es que no se suba ningún impuesto para tener que atender este pago».

Calendario de pagos

En caso de que Hacienda dé luz verde a la operación, el Ayuntamiento deberá dar un segundo paso: presentar ante el juzgado un calendario de pagos que permita encajar la ejecución de la sentencia dentro de un marco temporal definido. Sin embargo, antes «será el pleno quien determine si efectivamente nos adherimos a este Fondo y quien fije la cuantía final a solicitar», ha explicado el alcalde.

Si esto se materializa, Benidorm podrá trabajar en un calendario de pagos, así como establecer cuáles han de ser los próximos pasos del Ayuntamiento en relación a este asunto; información que «será comunicada con total transparencia e inmediatez a los grupos políticos de la Corporación y a la ciudadanía». 

Sin embargo, mientras esta cuestión espera, la condena de 283 millones de euros, sigue sumando intereses diarios que alcanzan los 25.200 euros, por lo que la indemnización ya supera los 350 millones de euros.

Prórroga del convenio urbanístico en 2013

Entre otras cuestiones, el alcalde ha querido tirar de hemeroteca para recordar que el origen de la prórroga del convenio urbanístico aprobada en 2013 «nace con los votos favorables del Partido Socialista y Liberales».

«En el acta del pleno del 24 de junio de 2013, se dice que el convenio adquiere validez con el voto de calidad del alcalde. Es decir, hubo un empate de votos en el pleno con 12 votos a favor entre PSOE y Liberales, y con 12 votos en contra del Partido Popular y un concejal no adscrito».

Una prórroga del convenio urbanístico que se consiguió «con el voto de calidad del alcalde», pese a que, «según el acta, el PP y el concejal no adscrito votaron a favor, y en contra, el PSOE, y Liberales. Hay una diligencia para hacer constar que el acta está mal. En 2013 el alcalde era del PSOE».

Acercamientos con los propietarios y El Moralet

Ante posibles acercamientos con los dueños del sector APR-7 de Serra Gelada, el primer edil ha descartado esta vía y ha defendido que la administración local no tiene ningún informe, ni indicación técnica que lo permita.

Finalmente, Toni Pérez, ha citado casos similares, como el parque El Moralet, donde el Ayuntamiento asumió un pago de 11 millones de euros para la apertura este espacio natural.  Un ejemplo que, a su juicio, demuestra que la administración local ha afrontado en otras ocasiones decisiones económicas complejas con planificación y control.

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