Tras más de dos décadas de bloqueo urbanístico, el Ayuntamiento de Benidorm ha decidido resolver el contrato con el agente urbanizador del Polígono Industrial, un paso clave para desbloquear uno de los desarrollos más esperados de la ciudad.
«Han pasado 24 años desde la aprobación inicial, y era el momento de actuar. Hemos apartado al urbanizador de buenas maneras», ha confirmado en Radio Sirena Cope, la concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, durante una entrevista en la que ha repasado el estado del proyecto.
La urbanización, paralizada desde hace años pese a estar ejecutada en un 70%, quedó bloqueada por exigencias técnicas, como la construcción del conocido vial discotecas. «El Ministerio fue claro: sin ese vial no se podía seguir», explica Caselles, que también ha detallado los efectos de los cambios normativos. «Hasta las aceras hay que rehacerlas por los nuevos anchos exigidos, y la electrificación debe hacerse desde cero porque han robado los cables varias veces».
Actualmente, el Ayuntamiento cuenta con un proyecto firme y actualizado, con todos los elementos definidos «hasta el árbol que se va a plantar en cada alcorque», subraya la edil. Además, los propietarios de parcelas están formando una Agrupación de Interés Urbanístico que liderará la finalización de las obras.
Caselles ha asegurado que las previsiones más optimistas sitúan la conclusión de los trabajos en 9 o 10 meses, aunque ella prefiere hablar de un plazo realista de 18 meses. Durante ese tiempo, los propietarios podrán simultanear la urbanización con el inicio de edificaciones en sus parcelas, «como ya se hizo en Poniente».
Uno de los proyectos más esperados es el centro comercial al aire libre, previsto desde 2004. «Hay dos parcelas reservadas para ello y una ya tiene incluso ejecutada la estructura del aparcamiento subterráneo», confirma la concejala. No obstante, ha advertido que la ejecución del centro dependerá de que el resto de la urbanización avance sin nuevos obstáculos.
La concejala también ha aprovechado para recordar que Benidorm es, junto a Valencia, uno de los únicos municipios de la Comunidad Valenciana con competencias de inspección directa sobre las viviendas turísticas, un paso clave para «controlar la calidad de la oferta turística».
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