El pleno ordinario del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado hoy por amplia mayoría la propuesta para ejecutar la sentencia 343/2024 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana sobre los suelos del APR7 de Serra Gelada. La votación ha contado con los votos a favor del Partido Popular y Vox, mientras que el PSOE se abstuvo.

El acuerdo, que ya cuenta con la conformidad de los propietarios, establece un primer pago de 60 millones de euros antes del 31 de diciembre de 2026, con un período de carencia hasta 2031 en el que solo se abonarán intereses. Además, se contempla la dación en pago de suelo como fórmula para amortizar la deuda total de 350 millones de euros fijada por la sentencia. La propuesta será remitida al tribunal para su homologación.

La medida permitirá que los terrenos pasen a ser patrimonio público, aumentando el suelo protegido del municipio, que ya supera el 60% del término municipal, sin subir impuestos ni recortar servicios municipales.

El pleno también ha aprobado por unanimidad una modificación presupuestaria de 55 millones de euros para formalizar el préstamo que garantiza el primer pago. Según la concejal de Hacienda, Aida García Mayor, esta modificación es «obligatoria para abordar la concertación del préstamo» y cubrir los 60 millones a pagar a lo largo de 2026.

Por su parte, Lourdes Caselles, portavoz del gobierno local, ha destacado que el Ayuntamiento cumplirá la sentencia con solvencia, recordando que desde 2015 la deuda municipal se redujo de 95 millones a cero en 2022, y ha asegurado que se hará siguiendo los criterios técnicos y sin afectar a los ciudadanos.

Propuesta del PSOE: la tasa turística

Por su parte, el PSOE de Benidorm ha exigido la implantación inmediata de una tasa turística para evitar que los vecinos asuman el coste de la sentencia relacionada con Serra Gelada, cuya gestión atribuyen al alcalde Toni Pérez.

Durante un pleno extraordinario, la portavoz socialista, Cristina Escoda, reclamó también la implicación del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a quien pidió reabrir el debate sobre este impuesto para que el impacto económico no recaiga exclusivamente en la ciudadanía.

Escoda denunció que el acuerdo aprobado para ejecutar la sentencia no resuelve el problema, sino que lo aplaza, generando una carga económica que podría alcanzar los 569 millones de euros a lo largo de 47 años. Según explicó, la sentencia original obligaba al Ayuntamiento a pagar 350 millones por unos convenios urbanísticos firmados en 2003 con el respaldo del Partido Popular, acuerdos que posteriormente no se cumplieron tras la llegada de Toni Pérez a la alcaldía en 2015.

La edil socialista también puso sobre la mesa la falta de transparencia y gestión en el proceso. Además aseguró que el comité técnico anunciado por el gobierno local para estudiar el acuerdo «no se ha reunido ni una sola vez» y denunció la ausencia de informes urbanísticos claros sobre los terrenos que el Ayuntamiento pretende ofrecer como compensación.

Asimismo, acusó al equipo de gobierno del PP de intentar retrasar decisiones impopulares hasta después de las elecciones de 2027 y recordó que, tras los comicios de 2023, ya se produjeron importantes subidas fiscales, como el incremento del IBI en un 23% y de la tasa de basura en un 72%.

Desde el grupo socialista insisten en que la tasa turística es la única alternativa para que los visitantes contribuyan a afrontar una situación que califican como la mayor condena económica sufrida por un municipio en España, evitando así que el coste recaiga durante décadas sobre los residentes de Benidorm.

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