El pleno ordinario del mes en Benidorm se ha convertido en una sesión de debate marcada por la vivienda pública, donde Partido Popular y Partido Socialista, se han arrojado diversas acusaciones y donde además, los socialistas, han acusado al alcalde de destinar las viviendas públicas a «cuatro amiguitos del Partido Popular».

La polémica se ha desarrollado en el marco de la propuesta del Partido Popular para solicitar al Gobierno de España la cesión al Ayuntamiento de Benidorm de viviendas y solares propiedad de la Sareb, SEPES y/o CASA47, con el objetivo de incrementar el parque municipal de vivienda pública en la ciudad. La iniciativa —que ha contado con los votos a favor de todos los grupos políticos— ha planteado que estas parcelas y viviendas puedan incorporarse a la oferta municipal para su uso social o protegido, en un contexto de creciente demanda habitacional.

La portavoz del grupo popular, Lourdes Caselles, ha defendido que los ayuntamientos «son quienes mejor conocen las necesidades reales de sus vecinos». Es por ello, que ha subrayado la importancia de poner en valor este tipo de recursos para facilitar el acceso a la vivienda. 

Además, según Caselles, la Sareb dispone actualmente de 13 viviendas y 76 suelos en Benidorm, lo que abre la puerta a posibles actuaciones de cesión y gestión local si se alcanzan los acuerdos necesarios con el Gobierno central.

Viviendas para «cuatro amiguitos del alcalde»

Aunque este punto ha contado con el respaldo unánime de todos los grupos de la corporación municipal, el debate ha sido tenso. La portavoz del Partido Socialista, Cristina Escoda, ha cuestionado la gestión del equipo de gobierno y la falta de transparencia en el proceso de adjudicación de las viviendas públicas —que se están construyendo en la zona de Poniente—, acusando al ejecutivo local de favorecer «a cuatro amiguitos del alcalde» para la adquisición de las mismas. 

Ante estas acusaciones, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha reprochado a Escoda que hable de falta de transparencia «cuando ella misma ha formado parte de gobiernos con casos de corrupción que están por probar en los juzgados». 

En este marco, el alcalde ha pedido a la portavoz de la oposición que retire estas acusaciones —respecto a la adjudicación de las viviendas— y ha defendido que el actual gobierno municipal actúa con criterios objetivos e imparciales: «¿Tiene usted alguna duda de la honestidad de este alcalde?»

En suma, el alcalde, también ha trasladado a Escoda que «no puede presentarse ahora como parte de la solución», al considerar que durante la etapa de gobierno socialista «formó parte del problema», reprochándole que señale la gestión de la vivienda pública y la transparencia cuando, según el alcalde, «durante esos años no se hizo nada en esta materia».

Otras cuestiones abordadas en el pleno

En paralelo, también ha salido adelante por unanimidad el proyecto de mejora de la avenida de l’Albir, que contempla la ampliación y duplicación de la infraestructura ciclista y viaria. 

El plan incluye la creación de una nueva rotonda y la reordenación de accesos con el objetivo de mejorar la seguridad del tráfico rodado, peatonal y ciclista. Para su ejecución será necesaria la cesión de una pequeña parcela del camping Villamar, destinada a facilitar la configuración de la futura glorieta.

En materia de seguridad, el pleno ha aprobado también el Plan de Actuación Municipal frente al riesgo de incendios forestales, una herramienta de planificación que permitirá coordinar los recursos municipales ante posibles emergencias. El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Jesús Carrobles, ha destacado que se trata de un documento clave para la prevención y la respuesta ante catástrofes, especialmente en un municipio con zonas forestales próximas al entorno urbano.

Por otro lado, el alcalde ha decidido retirar del orden del día la revisión de tarifas de los aparcamientos públicos de Ametlla de Mar, Tomás Ortuño y Mercado Municipal, tras la intervención del portavoz socialista Antonio Charco, quien ha denunciado verbalmente posibles irregularidades en la aplicación de las tarifas aprobadas el pasado año. A raíz de esta intervención, y a propuesta de la concejalía de Contratación, Aida García Mayor, se ha abierto un expediente informativo para analizar en detalle lo sucedido y determinar el alcance de los hechos.

Paralizada la moción en defensa del profesorado valenciano 

El pleno también ha vivido un intenso debate en el apartado de ruegos y preguntas, donde no ha prosperado el trámite de urgencia de una moción del grupo socialista en defensa del profesorado valenciano y de la educación pública en Benidorm. 

En este punto, el portavoz socialista Sergi Castillo ha expuesto una amplia relación de demandas y carencias del sistema educativo, enumerando —durante 30 minutos— hasta 150 puntos vinculados a deficiencias, inversiones y necesidades de centros y comunidades educativas.

Desde el equipo de gobierno, el alcalde Toni Pérez ha defendido las actuaciones ya en marcha y ha recordado la distribución competencial en materia educativa, insistiendo en que muchas de las cuestiones planteadas exceden el ámbito municipal.

Además, el alcalde ha asegurado que tanto él como la concejal de Educación, Maite Moreno recibieron recientemente a una delegación del profesorado en el propio Ayuntamiento. Según ha explicado, el encuentro se produjo el pasado martes y se prolongó durante más de una hora, en la que se atendieron las demandas del colectivo docente.

Pérez ha señalado que en dicha reunión se les trasladó toda la documentación y peticiones expuestas por el profesorado, aunque ha matizado que no todas las cuestiones mencionadas por la oposición reflejan la realidad de las actuaciones ya ejecutadas por el consistorio.

«Nos irá mejor si ni el Botànic ni ustedes vuelven a gobernar, ni en la Generalitat ni aquí»

Asimismo, el primer edil ha puesto sobre la mesa que durante los primeros años del gobierno popular al frente de la ciudad, entre 2015 y 2023, no se atendieron las reivindicaciones educativas de Benidorm pese a contar la ciudad con una treintena de infraestructuras educativas y más de mil docentes. 

El alcalde ha asegurado que no se obtuvo respuesta a numerosos escritos remitidos, ni se concedieron reuniones con el conseller, ni con el presidente de la Generalitat, subrayando la falta de compromiso por parte del anterior gobierno autonómico.

Además, ha defendido la inversión prevista de cerca de dos millones de euros para actuar en el colegio Ausiàs March, recordando que las obras ya fueron anunciadas en 2015 pero que, según ha afirmado, durante la etapa del Botànic «no se realizó ninguna actuación». El debate ha finalizado con un último reproche político de Toni Pérez al grupo socialista, asegurando que su ruego es que «ni el Botànic ni ustedes vuelvan a gobernar ni en la Generalitat ni aquí, porque nos irá mejor».

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