Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Benidorm ya están analizando el nuevo fallo emitido por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana sobre el APR7 de Serra Gelada.

La sentencia número 669/2025 estima el recurso presentado por las mercantiles Murcia Puchades Expansión SL y Atricap Investment SL, revocando la decisión previa del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Alicante, que en su momento había favorecido al Ayuntamiento.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha explicado que la resolución ha sido recibida oficialmente este lunes y que, desde el pasado viernes, el gobierno municipal ya tenía conocimiento del contenido de la sentencia.

«Convocamos inmediatamente una Junta de Portavoces para trasladar la información a los grupos municipales con la máxima transparencia y diligencia, como hacemos siempre», indicó. Este lunes, además, el fallo se ha incorporado a los despachos extraordinarios de la Comisión Informativa de Régimen Interior, dando cuenta formal del mismo a toda la Corporación.

Pérez ha subrayado que la sentencia aún no es firme y que los servicios jurídicos del Ayuntamiento estudiarán en profundidad su alcance y posibles consecuencias para determinar los pasos a seguir. Contra la resolución se puede presentar recurso en un plazo de 30 días naturales a partir de mañana.

«Tal y como hemos actuado en todo momento, seguiremos defendiendo el interés general y el bienestar de los vecinos y vecinas de Benidorm en esta causa», ha añadido el alcalde.

El fallo del TSJ revoca la sentencia anterior del Juzgado de Alicante, que había declarado la nulidad de los convenios firmados entre el Ayuntamiento y los propietarios implicados en el APR7, un proyecto urbanístico que ha generado numerosos debates en la ciudad.

La resolución de primera instancia avalaba, al igual que otros juzgados en situaciones similares, la actuación municipal basada en criterios técnicos y en la defensa del interés general.

El alcalde ha insistido en la importancia de «prudencia y sensatez» ante este tipo de resoluciones, recordando que aún existen procedimientos abiertos relacionados con el caso. Entre ellos se encuentra el recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional, así como la solicitud de suspensión cautelar de la ejecución de la sentencia 343/2024 del TSJ, sobre la que todavía no hay pronunciamiento.

«Toda decisión futura dependerá del análisis de los servicios jurídicos municipales, que marcarán el camino a seguir», ha recalcado Pérez. «Una vez que existan informes técnicos y jurídicos, informaremos con total transparencia a los portavoces, a la Corporación y a la ciudadanía. Hemos trabajado siempre con sentido común y siguiendo criterios técnicos, y continuaremos haciéndolo hasta que el asunto sea definitivo y firme».

El alcalde ha concluido enfatizando que el gobierno municipal es consciente de la relevancia de este procedimiento y de sus posibles impactos económicos, aunque aún no existen informes técnicos que planteen escenarios de pago.

«Somos el único gobierno capaz de afrontar las soluciones adecuadas a una sentencia, sea cual sea su resultado final, siempre priorizando el interés de la ciudad y de sus vecinos», ha añadido.

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