El Ayuntamiento de Benidorm ha dado un nuevo paso para hacer frente al pago derivado de la sentencia del APR7 de Serra Gelada. El Gobierno local ha ordenado este lunes el abono de los primeros 5 millones de euros a los propietarios de los terrenos y llevará al próximo pleno una modificación presupuestaria para destinar otros 19 millones de euros del remanente de Tesorería de 2025 al cumplimiento del acuerdo.

Con esta modificación, el Consistorio podrá asumir con recursos propios 24 de los 60 millones de euros que, según el acuerdo alcanzado con la propiedad y homologado por la Justicia, deben abonarse durante 2026. Los 36 millones restantes se financiarán mediante un préstamo con Caixa Ontinyent, autorizado por el Ministerio de Hacienda a través del Fondo de Impulso Económico (FIE).

De esta manera, el Ayuntamiento reducirá de 55 a 36 millones de euros el préstamo inicialmente previsto, una decisión que permitirá también reducir los intereses que deberá afrontar durante la devolución del crédito.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha destacado que la modificación está respaldada por informes favorables del área económica municipal y permitirá «afrontar con solvencia el primer pago acordado para este año», además de “minorar los intereses a los que ha de hacer frente el Ayuntamiento por la devolución de dicho crédito». «La buena situación económica municipal es, justamente, la que ahora nos permite readaptar esa planificación inicial y modificarla en beneficio del interés general», ha señalado Pérez.

60 millones durante 2026

El acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y los propietarios, y posteriormente homologado por la Justicia, establece un primer pago de 60 millones de euros antes del 31 de diciembre de 2026. La cuantía global de la sentencia se sitúa en torno a los 350 millones de euros, correspondientes a 283 millones de principal más los intereses legales generados desde el 16 de julio de 2018.

El alcalde ha defendido la capacidad financiera del Ayuntamiento para afrontar este compromiso y ha asegurado que Benidorm es un municipio saneado. «Ya dijimos en su día que éste era el mejor gobierno municipal para gestionar y afrontar el pago de la sentencia y hoy lo vuelvo a ratificar. Somos un Ayuntamiento saneado y que sabe gestionar», ha afirmado.

Pérez ha explicado además que el FIE constituye la vía de financiación habilitada por el Ministerio de Hacienda para los ayuntamientos que cumplen las condiciones de saneamiento financiero.

El primer edil también ha insistido en que el Gobierno local mantiene las dos condiciones que, según ha señalado, se marcó al abordar el cumplimiento de la sentencia: no incrementar los impuestos municipales y no reducir los servicios públicos.

«Había dos líneas rojas: no subir impuestos municipales y no reducir o dejar de prestar servicios a nuestros ciudadanos. Y estamos cumpliendo con lo que para nosotros sí era una hoja de ruta», ha indicado.

En este sentido, Pérez ha asegurado que los servicios municipales «no solo no se resienten, sino que crecen» y que actualmente Benidorm presta «más y mejores servicios» que hace un año.

Una deuda con periodo de carencia hasta 2030

El acuerdo establece que, tras el pago inicial de 60 millones de euros en 2026, se abrirá un periodo de carencia del principal hasta el 31 de diciembre de 2030. Durante este periodo, el Ayuntamiento podrá decidir si amortiza anticipadamente parte de la deuda, aunque continuarán generándose los intereses legales sobre el principal pendiente.

A partir del 1 de enero de 2031 comenzará el periodo de amortización obligatoria. El Ayuntamiento deberá abonar anualmente principal e intereses hasta la cancelación total de la deuda, con una cantidad que no podrá ser inferior al 8% de los recursos corrientes ordinarios previstos en el presupuesto municipal de cada ejercicio.

La solución pactada contempla además una segunda vía para hacer frente a parte de la deuda mediante la dación en pago de terrenos municipales. En concreto, se prevé destinar terrenos con aprovechamiento urbanístico directamente materializable para amortizar los intereses generados hasta la firma del acuerdo, por una cuantía de 67,38 millones de euros, que se abonaría mediante sucesivas daciones durante un plazo de cinco años.

También existe la posibilidad de utilizar terrenos municipales para reducir posteriormente el principal de la deuda y los intereses que se generen a partir del 1 de enero de 2027, aunque en este segundo supuesto la aceptación por parte de los propietarios no sería obligatoria.

Sobre esta parte del acuerdo, Toni Pérez ha asegurado que el Gobierno local está trabajando junto a los técnicos municipales. «Continúa trabajando todos los días en todas las líneas de dicho acuerdo, también en la parte urbanística», ha concluido el alcalde.

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