El alcalde de Villajoyosa, Marcos Zaragoza (PP), declaró ayer como investigado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de la localidad por un presunto delito de prevaricación relacionado con nombramientos en la Policía Local. La causa afecta también al jefe de Recursos Humanos del Ayuntamiento.

«El expediente es inmaculado. No hay ningún tipo de cosa rara. Hemos tenido la oportunidad de expresarnos delante del juez y nada, tranquilidad, vamos a esperar a ver qué nos dice su señoría y nada más que declarar», recalcaba Zaragoza tras su comparecencia.

El caso se originó a raíz de la exclusión de una funcionaria del Ayuntamiento, MCM, en un proceso de promoción interna a inspectora de Policía Local. La trabajadora, procuradora de profesión y auxiliar administrativa, había aprobado la oposición y presentado su carné A2 pocos días después, cumpliendo con los requisitos antes de finalizar las instancias, según determinaron los tribunales. Sin embargo, fue apartada del proceso y se nombraron a otros candidatos, entre ellos uno que había suspendido la prueba.

El Juzgado Contencioso Administrativo de Alicante consideró que la exclusión fue improcedente y extemporánea, y que la administración actuó contra los principios de buena fe y confianza legítima. Además, los tribunales avalaron que la aspirante excluida debía ser repuesta en la plaza que le corresponde. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) rechazó la nulidad del examen planteada por otro aspirante tras conocer que había suspendido.

Fuentes de la denuncia aseguran que los nombramientos cuestionados afectan a cuatro plazas policiales y han generado malestar por posibles irregularidades en la designación de mandos, la mayoría en funciones y sin plaza en propiedad. Además, según la legislación, no pueden nombrarse más mandos que los permitidos en función del número de oficiales inferiores.

El Grupo Vecinal Villajoyosa, que también denunció los hechos, intentó personarse en el caso sin éxito. La investigación sigue abierta y se espera que las próximas actuaciones judiciales aclaren el alcance de los presuntos “enchufes” en la Policía Local del municipio.

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