El PP de Altea se ha mostrado tajante tras el pleno ordinario de abril, en el cual se hizo público el remanente de tesorería resultante de 2023 y en el que los populares aseguraban que “el alcalde de Altea se salta las advertencias del Interventor Municipal para el pago de casi un millón de euros de facturas de contratos fraccionados o sin contrato”.
El equipo de gobierno local dio cuenta de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Altea del 2023 en el pleno del pasado jueves y el concejal de Hacienda, José María Borja, aseguraba que el Ayuntamiento gozaba de buena salud económica al tener un remanente positivo de tesorería por 895.423,84€.
“Es algo que le parecerá increíble a todos los ciudadanos que creyeron en el discurso de José María Borja en la aprobación de los presupuestos 2024, solo hace cuatros meses, en el cual aseguraba que había que hacer un presupuesto de ajustarse el cinturón por la situación económica que atravesaba el Ayuntamiento”, explicaba la portavoz popular Rocío Gómez.
Los populares criticaban que el gobierno local tuvo que repercutirlo en el presupuesto actual con recortes con la reducción de subvenciones, del mantenimiento de colegios o de las partidas para juventud, entre muchas otras. “Ahora, cuatro meses después, nos dicen que hay un superávit y que el Ayuntamiento goza de una buena salud económica”, subrayaba Gómez.
Igualmente, la portavoz popular también reflejaba que “se les olvidó decir que ese resultado presupuestario positivo y ese remanente de tesorería viene dado por la falta de ejecución del presupuesto de 2023, porque han dejado sin realizar gran parte de las inversiones prometidas”.
Rocío Gómez ponía el foco en que, un año más, el interventor un año más ha presentado su informe favorable pero con salvedades: “el alcalde de Altea, Diego Zaragozí, pasó por encima de las advertencias del Interventor municipal ordenando el pago de varias facturas por un importe de casi un millón de euros”.
Según dicen los populares, casi medio millón se deben a operaciones sin contrato, casi 400.000 euros a fraccionamientos de contratos y el restante a decretos sin designación o por exceder el importe máximo adjudicado. Por ello, el PP pidió en pleno que se incorporase al acta plenaria para que todos los ciudadanos puedan conocer los importes de las resoluciones que se adoptan.
Más noticias en www.radiosirena.es o en directo en el 98.9FM y 89.8FM.
