Los terrenos que ocupaba la Cooperativa Agrícola ya son de Altea

El Ayuntamiento de Altea se ha adjudicado definitivamente los terrenos que fueron propiedad de la Cooperativa Agrícola.

El proceso comenzó en septiembre de 2021, cuando se facilitó al alcalde a iniciar negociaciones con el administrador concursal para la compra de los terrenos.

Más tarde, ya en febrero de 2022, el Ayuntamiento asumió la deuda hipotecaria de 1,6 millones de Euros que la Cooperativa Agrícola tenía con Caixaltea.

Con la maniobra, el Ayuntamiento se posicionaba como acreedor privilegiado, además de pasar a ser el principal candidato a adjudicarse las propiedades.

Desde que se tuvo noticia del concurso de acreedores de la Agrícola, el alcalde y su equipo de gobierno han manifestado en reiteradas ocasiones que, “pese al lamentable origen de todo este asunto, se presentaba una oportunidad única de dotar a Altea de una zona con una versatilidad extraordinaria”.

El concejal de infraestructuras y portavoz de Compromís, Diego Zaragozí, incidía en  “la importancia estratégica por su situación geográfica, ideal para ubicar y conectar infraestructuras básicas que van a ser necesarias en el corto y medio plazo. Además, posibilita el desarrollo de un parque tecnológico que encaje con el modelo sostenible de pueblo que ya está en marcha”.

Otro aspecto importante destacado por el equipo de gobierno es que la adquisición de los terrenos y de las instalaciones permitirá al Ayuntamiento, “en la medida de lo posible y razonable”, intervenir en la recuperación de la actividad agrícola que tanto se vio afectada con la quiebra de la Cooperativa.

Por otro lado, el portavoz socialista, Miguel de la Hoz opinaba que con esta operación Altea podrá aumentar el patrimonio municipal, para que la ciudadanía “pueda hacer uso y disfrute de esta zona”.

Ahora, con la adjudicación definitiva, el Ayuntamiento ve cumplido su objetivo: la gestión de la zona será pública, sin más consideraciones que las que marque el interés general.

Como ha señalado en más de una ocasión el alcalde Jaume Llinares, “a la prevalencia del interés general hay que añadir que la gestión pública, al estar desprovista de ese componente especulativo que ha paralizado tantas actuaciones en este municipio, facilitará la viabilidad del futuro desarrollo de la zona”.

El coste total de la operación para las arcas públicas ha sido de 2,2 millones de Euros. Una operación que ha sido calificada por varios miembros del equipo de gobierno como “la inversión más ilusionante y de mayor proyección que se haya podido hacer desde este Ayuntamiento”.

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