L’Alfàs del Pi estudiará las propuestas de APTURCV, la patronal de los apartamentos y viviendas con licencia turística de la Comunitat Valenciana, a la hora de elaborar la nueva ordenanza que regulará el sector en todo el término municipal.
Todo ello se ha llevado a cabo mediante una reunión en la que el alcalde de L’Alfàs del Pi, Vicente Arques ha tenido la oportunidad de compartir unos minutos con la presidenta de la Asociación, Silvia Blasco, antes de celebrarse el encuentro informativo de esta entidad con algunos de sus asociados de la Marina Baixa.
Cabe destacar el ayuntamiento alfasino aprobaba en su última sesión plenaria ordinaria de agosto, suspender la tramitación de nuevas licencias para viviendas de uso turístico durante dos años, e iniciar la elaboración de una ordenanza para su regularización.
Por ello, con la nueva ordenanza reguladora de viviendas de uso turístico se pretende garantizar que las viviendas destinadas a tal fin cumplan con una serie de garantías y condiciones mínimas, que permitan su correcta utilización como ubicación, servicios de la zona, así como su integración y convivencia vecinal.
Es decir, una nueva regulación municipal, que tenga como objetivo principal la determinación de las zonas y tipología de viviendas “donde se considere oportuno y adecuado la habilitación de viviendas para uso turístico, así como todos aquellos aspectos que permitan ponderar suficientemente la idoneidad de dicho uso”, ha querido recordar el alcalde.
De momento se han suspendido las licencias, cuya evolución según recogen los informes técnicos, se presentaron 61 solicitudes en el año 2021; 145 solicitudes en el año 2022; 230 solicitudes en el año 2023 y 237 solicitudes en 2024 hasta el momento.
Asimismo, debe también señalarse que el número de viviendas dadas de alta en el Auto-registro de viviendas turísticas de la Conselleria de Turisme, a fecha actual, es de 1764 viviendas aproximadamente.
Así pues, la suspensión en la emisión de informes de compatibilidad urbanística para viviendas de uso turístico, como recogen los informes técnicos preliminares, tendrá una duración máxima de dos años.
Finalmente, este plazo se interrumpirá, con levantamiento de la suspensión, si, transcurrido un año, no se somete a exposición pública la propuesta de regulación. Por ende, este es el plazo del que dispone el ayuntamiento para estudiar la situación actual de las viviendas de uso turístico y preparar, a través de una nueva ordenanza, el marco regulador para las viviendas de uso turístico.
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