Vuelven las diferencias políticas en Benidorm. La falta de transparencia es el nuevo tema de debate entre el Partido Socialista (PSOE) y el Partido Popular (PP) de Benidorm.
El grupo municipal socialista señala que son cinco los organismos de control oficial que alertan «de la opacidad de la gestión» del alcalde de Benidorm, Toni Pérez: Síndic de Greuges, Defensor del Pueblo, Agencia Antifraude, Consejo de Transparencia y Síndic de Comptes.
Con ello, la portavoz del PSOE, Cristina Escoda, ha explicado que «ya no es el PSOE, sino los organismos de control y fiscalización de los que nos hemos dotado en democracia, los que están señalando semana tras semana la opacidad con la que gestiona el alcalde de Benidorm«.
Síndic de Greuges
«El Síndic de Greuges ha acordado el cierre de tres expedientes de quejas relativas a la denuncia de un vecino sobre el aparcamiento en zona prohibida en la calle Amapolas, lo que impide la salida y entrada al garaje de su propiedad; a la falta de respuesta del Ayuntamiento de Benidorm a la solicitud de certificado de compatibilidad urbanística; y la denuncia de inactividad del Ayuntamiento a la hora de solucionar un problema de contaminación acústica por el indebido funcionamiento de un aparato de aire acondicionado» señalan los socialistas.
Continúan añadiendo que «en todos los casos, la entidad autonómica reprocha al Consistorio que no contestase en el plazo legal establecido ni se realizasen las actuaciones necesarias para atender las recomendaciones efectuadas por este organismo autonómico, y acuerda la inclusión del Ayuntamiento de Benidorm en la relación de administraciones no colaboradoras de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39.1 a) y b) de la Ley 2/2021, de 26 de marzo, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana«.
Agencia Valenciana Antifraude
En otro requerimiento con fecha del 20 de enero del 2025, «la Agencia Valenciana Antifraude reitera la petición de documentación que hizo el 21 de noviembre del 2024 y advierte al Ayuntamiento de su ‘deber de colaboración’ con la entidad, así como que puede sancionar ‘obstaculizar el procedimiento de investigación’, con cita a la Ley/2016. En este caso, Antifraude hizo ocho peticiones de información. Ahora, requiere nuevamente tres de ellas, que afectan a la investigación sobre las horas extras de un funcionario local. La agencia le dio al consistorio un plazo de diez días para responder. Cabe recordar que el alcalde presentó una querella criminal a los funcionarios de Antifraude que se personaron en el Ayuntamiento para solicitar información el año 2021, y que un funcionario se acogió al estatuto de protección del denunciante ante las amenazas recibidas» suman desde el lado socialista.
Defensor del Pueblo
El último de los requerimientos que han trascendido procede del Defensor del Pueblo, y tiene fecha del 9 de enero del 2025. El órgano estatal critica al Ayuntamiento de Benidorm ante el amparo solicitado por una vecina en referencia a una queja sobre disciplina urbanística: «Transcurrido un tiempo razonable sin haber recibido contestación alguna, se recuerda el deber que incumbe a todos los poderes públicos de prestar auxilio con carácter preferente y urgente a esta institución en sus actuaciones, según lo previsto en la Ley Orgánica 3/1981. El Defensor del Pueblo solicita directamente a Alcaldía que envíe con carácter urgente la referida información» finalizan los socialistas.
Respuesta del PP
Ante estas acusaciones, desde el gobierno municipal, la portavoz del Partido Popular, Lourdes Caselles, ha respondido que «los servicios administrativos siempre atienden las peticiones de información y lamenta el afán del PSOE por atacar a Toni Pérez, poniendo en duda el trabajo de los técnicos«.
Añade Caselles que «el alcalde no es quien responde al Síndic de Greuges o al Defensor del Pueblo, esa es una tarea administrativa que tienen encomendada los técnicos municipales, que dan buen curso a cuánto se les demanda en ese sentido” por ello, «pretender hacer al alcalde responsable de estos cometidos es querer invisibilizar a esos técnicos, cuando no atacar el trabajo que realizan«.
Finaliza la portavoz popular afeando que sea Cristina Escoda la que «se proclame como máxima defensora de la transparencia y las buenas prácticas cuando ha sido integrante del único gobierno cuya gestión ha sido investigada y sancionada por irregularidades contables por el Tribunal de Cuentas, y del único gobierno, del PSOE, condenado por acoso laboral a personal funcionarial«. Y eso, ha agregado, «sin contar los asuntos relativos a la gestión socialista al frente del Ayuntamiento que están aún judicializados y de lo que quizá la señora Escoda tenga más información«.
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