El Síndic de Greuges ha admitido la queja del PP de Calpe que denuncia la insistencia incesante de la alcaldesa Ana Sala en no cambiar el día del pleno alegando que “coarta derechos fundamentales de participación política recogidos en la Constitución”.
El Partido Popular calpino no se da por vencido: “acudiremos a todas las instancias posibles para defender los derechos constitucionales de los concejales y, en este caso concreto, los de nuestro portavoz y diputado en el Congreso de los Diputados, César Sánchez”.
Por este motivo el PP presentó una queja ante el Síndic de Greuges, la cual ha sido admitida al advertir la vulneración por parte de la alcaldesa, Ana Sala, del derecho fundamental a la participación política, derecho consagrado por el artículo 23 de la Constitución.
Como se indica en la queja admitida a trámite, la alcaldesa se obceca en no cambiar el día de celebración de los plenos ordinarios, afirmando que cambiar el día entorpecería la forma en la que se ha organizado su vida privada, priorizando su vida personal al bien general y a la salud democrática.
“La verdad es que su único propósito es perjudicar al portavoz popular e impedirle asistir, dado que ese día hay también sesión parlamentaria en el Congreso”, afirman desde el Partido Popular.
Estas mismas fuentes denuncian que “no es solo una actitud reprochable a nivel moral, sino que va mucho más allá, Ana Sala está coartando deliberadamente un derecho constitucional” a la vez que califican su actitud como “obstruccionista de una gravedad superlativa”.
Los populares consideran que esta forma de actuar impide que los cargos públicos ejerzan su actividad en condiciones de igualdad y puedan desarrollar sin trabas el mandato que le han dado los electores.
En la queja al Síndic, el PP incide precisamente en ello. En el escrito explican que los concejales representan a los ciudadanos e impedir que lleven a cabo su labor significa menoscabar la democracia representativa. Esta cuestión no es para nada baladí, la alcaldesa no ha valorado bien el alcance de entorpecer a un concejal, en este caso, además, portavoz del grupo con la responsabilidad de dar voz a las calpinas y calpinos que lo eligieron.
“Los socios de gobierno de Ana Sala (PSOE y Compromís) sí conocen la gravedad de este boicot antidemocrático”, afirman desde el Partido Popular, a pesar de considerar que le han consentido que quebrara la normalidad de la corporación y censurara una propuesta de los populares para incluir en el orden del día del pleno el debate sobre el cambio de día de los plenos ordinarios.
Este partido ya advirtió en su momento que esa decisión arbitraria de la alcaldesa no tenía precedentes en la historia democrática de Calpe. Ahora el Síndic abre una investigación y concede un mes de plazo al Ayuntamiento calpino para presentar un informe detallado sobre los hechos que han motivado la apertura de procedimiento y sobre la posible afectación al derecho invocado.
Finalmente, desde el PP se muestran firmes y aseguran que no van a resignarse. Incluso, los populares no descartan iniciar otras acciones legales para preservar la pluralidad política y garantizar un debate en igualdad de condiciones y sin vetos.
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