La Corporación de Altea recibió ayer a Pablo Bustinduy, Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con el objetivo de tratar el problema de las viviendas turísticas.
Altea es la localidad pionera en la suspensión temporal de nuevas licencias, a la vez que hace participar a la ciudadanía para regularlas. Por ello, el Ministro tuvo una reunión de trabajo con el alcalde, Diego Zaragozí, los portavoces de los grupos del equipo de gobierno, así como el concejal del área, José Orozco.
El Ayuntamiento de Altea ha expresado su interés en colaborar con la investigación que está llevando a cabo el Ministerio sobre la publicidad de viviendas turísticas sin licencia. Según el estudio realizado, un 9,2% de las viviendas ofertadas en plataformas digitales en Altea carecen de licencia turística y más de un 12% del total de viviendas del municipio se destinan a esta actividad.
Esta iniciativa, comunicada a la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) desde la Dirección General de Consumo, busca abordar la problemática de las viviendas turísticas en Altea y su impacto en la economía y la calidad de vida de la ciudadanía alteana.
El alcalde de Altea, Diego Zaragozí, valora muy positivamente la visita del ministro afirmando que “hemos sido pioneros con la suspensión temporal de nuevas licencias al tiempo que hacemos un estudio para diagnosticar, estudiar y participar con la ciudadanía para ordenar y regular la vivienda turística en Altea, y en caso de que siga necesario, poder tomar medidas que alegren la presión turística en determinadas zonas del pueblo, y estamos muy contentos de que el Ministerio se haya interesado por nuestro trabajo”.
El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, José Orozco, ha señalado que “el estudio, que ya está en marcha en este momento, busca realizar un diagnóstico real que tenga en cuenta los beneficios y los impactos de la vivienda turística en el pueblo de Altea”.
Orozco explicaba ante el Ministro de Consumo que “es un trabajo de campo, consulta y participación ciudadana de Altea para conseguir una propuesta de regulación que se sustentará en dos líneas básicas: la protección del derecho a la vivienda y la protección del entorno urbano”.
Un trabajo que tiene en cuenta variables como la movilidad, la contaminación y la sobreexplotación de los espacios naturales, pero también el mantenimiento de la identidad cultural que haga de Altea un destino de una experiencia auténtica y no de una cultura de consumo superficial.
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