La juez del caso de los 43 enchufes de militantes y afines al PSOE en el Ayuntamiento de Benidorm ha desestimado los recursos de reforma para evitar in extremis llegar a juicio.
Estos recursos han sido presentados por cinco de los ocho investigados. Según el auto, al que ha tenido acceso Radio Sirena COPE, han intentado que el delito de prevaricación administrativa se considere prescrito por haber transcurrido diez años.
No obstante, el plazo empieza a contar desde 2013, aunque las presuntas irregularidades por colocaciones y cobro de pluses de productividad se produjeron en 2010.
De esta forma sentarán en el banquillo dos exconcejales socialistas y seis técnicos municipales, por un perjuicio económico para las arcas públicas de 4,5 millones de euros.
Tras no prosperar este recurso de reforma, Matilde Martínez, una de las investigadas, representante sindical de CCOO y jefa de negociado de Personal, ha presentado otro de apelación.
El resto de los encausados del Caso Enchufes se ha resignado ya a sentarse en el banquillo. Entre ellos, Julio Fernández y José Asensio Salamero, los jefes de Nóminas, Contratación y Gestión de la Seguridad Social.
Cabe destacar que Salamero ejercía su vez de concejal del PSOE en Relleu. Puesto que sigue ocupando actualmente.
Asimismo, también se sentará en el banquillo Natalia Guijarro, quién fuese en ese momento concejal de Hacienda y Personal en el Ayuntamiento de Benidorm.
Por último, completa la lista del Caso Enchufes el secretario general de UGT, Daniel Caneiro. Según la denuncia del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) y la Fiscalía, Caneiro ejercía como jefe de Personal sin titulación y recibiendo retribuciones superiores al alcalde.
Caso Enchufes
La forma en que se favoreció a personas con “relación familiar o política con el equipo de gobierno”. Según describe este auto, consistió en aplicar subidas salariales, a pesar del informe contrario del interventor municipal, y en cubrir plazas de trabajo sin justificar.
En consecuencia, se considera que hubo una “política irregular de personal y presupuestaria” con un “delito continuado de tráfico de influencias” y se responsabiliza a los ocho acusados.
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