Ayuntamiento y mercantil han firmado hoy el convenio de resolución y liquidación del contrato de gestión de la estación de autobuses. Un proceso que beneficiará a la ciudad en apenas varios meses.
El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha sido el encargado de firmar junto a un representante de la mercantil Estación de Autobuses de Benidorm SL. Este documento, aprobado en agosto, recoge las condiciones y plazos para resolver de mutuo acuerdo este contrato.
Pérez ha señalado que con la firma del convenio, se pone hoy en marcha toda la operativa administrativa para sacar a licitación el nuevo contrato y resolver la situación actual de la terminal y el resto de instalaciones que forman el complejo.
De esta forma, en un plazo máximo de nueve meses “Benidorm podrá disponer de unas instalaciones y un servicio a la altura que merece la ciudad, los vecinos y todas las personas que acuden a un destino turístico líder como el nuestro“, incidía el alcalde.
Según los términos del convenio, el Ayuntamiento dispone de un plazo de seis meses, con posibilidad de tres de prórroga, para licitar la gestión de la estación de autobuses.
Los técnicos municipales trabajan ya en los pliegos de condiciones que regirán la licitación del nuevo contrato.
Condiciones del convenio
El convenio firmado hoy recoge la obligación de la todavía concesionaria de entregar las instalaciones en buen estado. Aunque el documento inicial preveía que las obras de rehabilitación se ejecutaran en un plazo máximo de dos meses a partir de la licitación del contrato, ambas entidades han acordado que las mismas se inicien de inmediato.
Así, en las próximas semanas Estación de Autobuses de Benidorm SL comenzará las obras de adecuación de las instalaciones, recogidas en el proyecto de rehabilitación integral y valoradas en 287.141,07 euros.
Siguiendo con lo acordado en la comisión paritaria, formada por técnicos municipales y representantes de la mercantil que se encarga de la gestión, y tal y como se establece en el convenio, la estación de autobuses se va a liquidar por un importe máximo de 24,5 millones de euros. Cubre así la obra realizada y no amortizada. Una cuantía que deberá asumir el nuevo adjudicatario, no el Ayuntamiento.
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