El Ayuntamiento de Altea ha devuelto otros 1,2 millones de euros por el PAI fallido de los Puentes de Algar, un montante exigido por la última sentencia de este PAI que ha dejado importantes secuelas económicas en el Consistorio.
A este pago se suma 1.000.000 euros que la concejalía de Hacienda ha adelantado de la deuda contraída. Por lo que actualmente quedaría por pagar 1,7 millones, que se espera estén abonados a mediados de 2023.
En el 2018 el Consistorio inició la devolución de 6,5 millones que fueron abonados por la mercantil Altea Futura como canon de la reclasificación del suelo y pactó un plan de pagos con el juzgado para hacerlo en catorce cuotas anuales.
Pero además, Altea Futura abonó en concepto de mejoras el importe de 1,2 millones de euros que fue objeto de discusión en los tribunales.
Finalmente, en sentencia de noviembre de 2021, el Tribunal Superior de Justicia de la CV se pronunció estableciendo la procedencia de devolver también dicha cantidad.
Tras haber realizado amortizaciones anticipadas sobre el plan de pagos de los primeros 6,5 millones, la concejalía de Hacienda estima que está en condiciones de cancelar totalmente la deuda mucho antes de lo inicialmente previsto.
Confirmación
La concejal de Hacienda, Xelo González, ha explicado que el Ayuntamiento de Altea “ha pagado 1’2 millones de la última sentencia y un millón más para seguir amortizando la deuda“.
“Actualmente nos queda por pagar 1,7 millones y a fin de año pagaremos unos 500.000 euros, por lo que, si no pasa nada, en el primer semestre de 2023 podríamos liquidarlo todo”, ha comentado González.
“Con esto, el PAI del río, una operación especulativa que puso en riesgo nuestro entorno ambiental, la integridad de nuestras instituciones y la capacidad de las arcas municipales para mejorar los servicios públicos pasará definitivamente a la historia”, ha finalizado la edil.
Proyecto fallido
El proyecto urbanístico se planteó incluso como el segundo más importante en la provincia, después de Rabasa. En 2001 se ponía a disposición del urbanizador 2,3 millones de metros cuadrados de suelo que permitían la construcción de 5.000 viviendas, varios hoteles de lujo, zonas comerciales y un campo de golf junto al río Algar.
No obstante, varios vecinos de la zona quisieron proteger los terrenos llevando el caso a los tribunales, a pesar de la aprobación en pleno del PP y el PSOE.
El Supremo anuló el PAI porque no cumplía con una de las condiciones impuestas por la declaración de impacto ambiental, ya que ésta apuntaba a que se tenía que desclasificar 4,6 millones de metros cuadrados de suelo público en el Plan Especial El Áramo.
Este terreno estaba definido como no urbanizable y tenía que pasar a protegido para compensar las edificaciones en el Algar donde el Plan General no lo contemplaba.
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